guerra contra los drogas, el gobierno federal y diversos gobiernos estatales de todos los signos políticos (el Partido de la Revolución Democrática incluido) han desatado una guerra contra el movimiento popular. Una guerra de la que no se escapa nadie del conjunto del mundo subalterno, aunque está concentrada, sobre todo, contra los pueblos indios. Una guerra que sufren los jóvenes de los barrios y colonias humildes, los trabajadores sindicalizados que reivindican la democracia gremial y la defensa de la soberanía nacional, los normalistas rurales que defienden la educación pública, los ciudadanos que protestan contra los abusos militares en los territorios de operación del combate al narcotráfico, y los promotores del ecologismo de los pobres que defienden bosques y aguas [...] La criminalización de la protesta social y el uso recurrente de la violencia gubernamental o paragubernamental contra la disidencia popular está colocando a muchos movimientos en un verdadero callejón sin salida. Que nadie se diga sorprendido si la paciencia se agota."
Luis Hernández Navarro en La Jornada.
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