Álvaro delgado
Una muestra no sólo del despilfarro, sino de un episodio que puede configurar inclusive un delito, es un contrato por 3 millones de pesos otorgado, de manera discrecional por Gerardo Ruiz Mateos --administrador del equipo de Calderón--, a la empresa “Consultoría de estrategias político-legislativas”. El caso es una perla: La empresa se constituyó, legalmente, el 1 de noviembre del 2006 --en pleno proceso se transición y cuando fluían en abundancia los recursos públicos--, pero al día siguiente Ruiz Mateos ya había recibido la cotización para hacer un estudio sobre los 628 diputados y senadores de la Legislatura entrante.
La eficiencia de la empresa es de envidia: Comenzó su trabajo el 8 de noviembre y para el 30 entregó los resultados, para recibir un cheque por 2 millones 990 mil pesos. Pero, además, resulta que esa empresa no está inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como aseguró en el contrato firmado con el fideicomiso para el equipo de transición, y el domicilio que proporcionó para ubicarla --avenida del Hueso 150, colonia Vergel Coyoacán-- es falso: Ahí no hay ninguna empresa.
El caso da para más: La responsable de enviarle a Ruiz Mateos la cotización de “Consultoría de estrategias político-administrativas” fue la apoderada legal de la empresa, Laura Ballesteros Mancilla. ¿Pero quién es esta señora que, en el documento, tutea a Ruiz Mateos, quien hoy ocupa el cargo de jefe de coordinador general de Gabinetes y Proyectos Especiales de la Presidencia de la República? Resulta que es militante formal del PAN en la delegación Coyoacán. Y no sólo eso: Fue candidata de ese mismo partido a diputada local en la elección del 2 de julio del año pasado.
Como no ganó, estaba desempleada. Y ya se sabe que Calderón prometió generar empleos, muy bien remunerados. Al menos este es un caso…
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