"El gobierno de George W. Bush había preparado un estado de excepción, en el cual el Ejecutivo consideraba suprimir garantías constitucionales fundamentales, entre ellas la libertad de expresión."
Durante la tiranía de los Bush, los periodistas independientes señalaron reiteradamente la intención de Los Halcones por transformar (desde la sombra) a los Estados Unidos en una república (neo)nazi. Los alfiles del poder, demeritaban las críticas calificándolas de "teorías de la conspiración". Hoy, el senador demócrata, Patrick Leahy, ha propuesto integrar una "comisión de la verdad", e investigar a fondo las arbitriaridades del gobierno bushista, que –hoy se sabe–, realizó los siguientes atentados contra la libertad:
1.- Justificaciones legales para otorgar al Ejecutivo el poder de ordenar acciones militares dentro de Estados Unidos contra
terroristas.
2.- La facultad de intervenir comunicaciones de ciudadanos sin autorización judicial.
3.- La supresión de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a ciudadanos de cateos y registros de personas sin previa autorización judicial.
4.- La supresión de la Primera Enmienda, que garantiza libertad de expresión, incluidos medios.
5.- La autoridad unilateral para abrogar tratados internacionales.
6.- Ignorar las Convenciones de Ginebra.
7.- Emplear la tortura en interrogatorios.
Las esquirlas del bushiato, amenazaron la carne y la libertad de los estadounidenses:
"Las fuerzas armadas, afirmó, podrían ser empleadas contra
objetivos civilesdentro de este país, como edificios residenciales, de oficinas, naves y más donde se sospecha la presencia de
terroristas
[...] Los derechos de expresión y de prensa de la Primera Enmienda también podrían ser subordinados a la necesidad superior de llevar a cabo exitosamente la guerra,
Y sigue:
"Kate Martin, directora del Centro de Estudios de Seguridad Nacional en Washington, dijo a Newsweek que estos documentos demuestran que ya desde octubre de 2001
estaban intentando construir un régimen legal que básicamente permitiría la imposición de la ley marcial.
Ante las pruebas creíbles de que altos funcionarios del gobierno de Bush autorizaron la tortura, un crimen contra la humanidad, lo mínimo que deberemos hacer es llevar a cabo una investigación seria e independiente
¿Será lo mismo que se hará en México en cuanto Felipe Calderón Hinojosa renuncie al cargo que no le depositó el pueblo de México?
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