En la columna Oficio de papel, el periodista Miguel Badillo evidencía la corrupción petrolera en Los Pinos:
"Como cortados por la misma tijera, Juan Camilo Mouriño y César Nava Váquez comparten un mismo interés: beneficiarse con negocios en Petróleos Mexicanos. Exonerado por una comisión a modo de legisladores, el secretario de Gobernación firmó contratos con Pemex Refinación en calidad de apoderado legal de su empresa Ivancar, al mismo tiempo que era servidor público en la Secretaría de Energía. Igual que Mouriño, el secretario particular del presidente Felipe Calderón también se benefició de Pemex cuando se desempeñó como abogado general de la paraestatal petrolera.
En el número más reciente de la revista Contralínea, la reportera Ana Lilia Pérez da a conocer importantes expedientes clasificados como confidenciales en Pemex y en la Secretaría de la Función Pública, en donde se revela cómo César Nava y su entonces subordinado José Néstor García Reza, actual abogado general de Pemex, entregaron la operación de la Cuenca de Burgos –la región productora de gas no asociado más importante del país– en beneficio de seis empresas trasnacionales que desde 2004 controlan la exploración y explotación del energético en la zona.
Según esos documentos oficiales el ahora secretario particular del presidente de la República autorizó el diseño y suscripción de los contratos de servicios múltiples en beneficio de las petroleras trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum, en contravención a lo estipulado en la Constitución de la República.
Nava tomó tal determinación pese a la alerta de sus subordinados de que el modelo de contrato, diseñado por la firma Pricewaterhouse Coopers, violaba el artículo 27 constitucional; la Ley Orgánica de Pemex y su reglamento, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), marco regulatorio en el cual se justificaron los CSM. Además, el abogado de Pemex no tenía atribuciones para aprobar operaciones de esta naturaleza.
El artículo 27 de la Constitución dispone como exclusivo de la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible del petróleo y sus derivados, ordenando de manera categórica que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso no se otorgan concesiones ni contratos”, y que sólo la nación llevará a cabo su explotación."
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