Luis Javier GarridoEl asalto del gobierno panista
de facto a Luz y Fuerza del Centro para decretar su desaparición buscando profundizar la imposición del modelo neoliberal en México y seguir enriqueciéndose sus miembros a costa de la nación, quebrando el orden jurídico de la República, que la ultraderecha mexicana festeja como una victoria política, puede ser el punto de partida para un proceso político y social que haga cambiar el rumbo de la historia.
1. La marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) del pasado jueves 15 de octubre ha constituido la manifestación obrera más importante en la historia de México y está incidiendo de manera decisiva en el quiebre de la dinámica actual. En el proceso histórico de nuestro país jamás una movilización de tantos cientos de miles se había reunido para respaldar a una organización de trabajadores, como ha sido en este caso ante una agresión sin precedentes del poder público, que es también a todos los mexicanos y a la nación, y sobre todo nunca antes se habían visto reunidas en las calles de la capital todas las fuerzas democráticas y de izquierda, ni a estudiantes y obreros marchar codo a codo, ni con un reclamo tan contundente: respeto a los derechos de los trabajadores y de la nación.
2. La decisión de corte fascista del ilegítimo gobierno panista ha configurado, como han entendido amplísimos sectores de mexicanos, no nada más un atentado contra la Constitución y las instituciones del país, del que no hay precedentes en nuestra historia, pues vulnera de manera abierta los derechos individuales y colectivos de los miembros del SME, de la clase trabajadora en su conjunto (a la que se lanza una amenaza que ya no es encubierta) y de todos los mexicanos cuyos derechos fundamentales se hallan amenazados por el poder de facto, sino que es una advertencia de que se busca destruir con acciones policiaco-militares el orden constitucional de la República para suplirlo con un orden neoliberal
supranacional.
3. El despacho de Fernández de Cevallos y Asociados, que controla con amanuenses suyos Gobernación, la PGR y la oficina del abogado de la Presidencia creyó que con el documento chicanero que le firmaron Calderón y sus colaboradores podría desaparecer de manera fácil una empresa pública, poner en la calle a 43 mil trabajadores y culminar un despojo a la nación entregando la industria eléctrica de México a las corporaciones trasnacionales a las que muchos panistas se hallan asociados, pero se ha encontrado con una resistencia tanto en el plano jurídico como en el plano social que está haciendo temblar al gobierno calderonista que no parece tener más respuesta que la propaganda mentirosa en los medios y la amenaza de recurrir a la fuerza policiaca-militar.
4. La crítica situación actual tiene dos planos: legal y político. En lo jurídico la opinión de los más prestigiados jurisconsultos, colegios de abogados y tribunales laborales coincide: jamás se había cometido en México un atentado de estas dimensiones a la Constitución. Calderón ejerció con su decreto
facultades que no tiene, transgredió las atribuciones del Congreso, atentó contra las garantías sociales e individuales de los trabajadores, pisoteó el derecho colectivo del trabajo, dañó intereses fundamentales de la nación. Y todo en función de fortalecer el entramado de corrupción en materia energética del que él y sus amigos forman parte.
5. En lo político, el PRI se halla ante uno de los dilemas más trascendentes de su historia reciente, pues no tiene más alternativa que a) defender la legalidad constitucional del país y con ella (a pesar de muchos de sus líderes) al SME y al sindicalismo mexicano (que alguna vez sustentó su poder), o b) aceptar que el país siga hundiéndose en la ilegalidad al refrendar a los panistas la patente de corso para seguir atentando contra la clase trabajadora, destruyendo a sus sindicatos y cancelando las garantías laborales en aras del proyecto neoliberal (y de los negocios en que se hallan coludidos) y entregando la nación por completo al capital trasnacional, sin darse cuenta de que están cancelando todas sus posibilidades para 2012, ya muy mermadas tras apoyar el paquete fiscal de 2010.
6. El destino del PRI como partido está en la decisión que tomen sus dirigentes en este conflicto –que configura desde ahora un quiebre en la historia constitucional de México–, pues con su actual actitud de utilizar un burdo doble lenguaje envían al pueblo el mensaje de que siguen siendo unos traidores al complotar contra la nación, a la vez que estarán recordando a los poderes empresariales que al no tener otro proyecto que el mismo de los panistas, al que se han subsumido, no constituyen alternativa. Al haber huido Salinas del país desde finales de septiembre para esconderse en Europa ante la andanada que sabía se avecinaba, la decisión recae en los que han sido sus títeres –Beatriz Paredes, Francisco Rojas y Manlio Fabio Beltrones–, que no tienen más que zafarse de los acuerdos forjados por aquél con Diego y Calderón y avalar que la Suprema Corte resuelva la controversia constitucional e inicie un procedimiento para destituir y enjuiciar como delincuente a Felipe Calderón por haber atentado contra la nación y por ejercicio indebido de la función pública.
7. El reclamo de que se le inicie un juicio político a Felipe Calderón y se le destituya, procese y encarcele por su ataque frontal contra la Constitución, que configura el delito de traición a la patria, en términos del 108 constitucional, y de que esta acusación se haga extensiva a sus principales cómplices, signatarios todos ellos del decreto –Fernando Gómez Mont Urueta, Agustín Carstens Carstens, Ernesto Cordero Arroyo, Juan Molinar Horcasitas, Juan Elvira, Georgina Yamilet Kessel, Gerardo Ruiz Mateos, Francisco Mayorga, Salvador Vega y Javier Lozano–, muchos de ellos inodados en oscuros negocios con multinacionales, no puede desconocer que han cometido también múltiples ilícitos al buscar entregar a corporaciones españolas y estadunidenses a las que se hallan asociados, el área estratégica de la electricidad: de ahí los billetes que le arrojaron al rostro a Lozano en la Cámara de Diputados.
8. La responsabilidad mayor va a recaer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al ser conforme a sus funciones el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración, al planteársele la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, no podrá escabullirse de su responsabilidad, en particular por tratarse del más grave atentado contra la Constitución del que se tenga memoria, y porque jurídicamente no tiene más posibilidad que echar abajo, contundentemente y sin ambages, el decreto de Calderón.
9. De fallar la Corte de manera aberrante, con una decisión tardía o enredada que no conduzca a nada, estará decretando que no hay un estado de derecho en México, que las garantías individuales y sociales no existen, que no hay justicia laboral, que el Ejecutivo (aun sea de facto) está por encima de la Constitución y que no hay una División de Poderes, que el Legislativo ya no legisla y que nuestras leyes ya no son ni un referente: estará liquidando la vigencia de la Constitución.
10. Y estará enviando al pueblo mexicano, ya sin la posibilidad de hacer valer las armas del derecho, a la lucha social, como hace 100, como hace 200 años.
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