Caso Ernestina, el cerco oficial
josé gil olmos México, D.F., 1 de mayo (apro).- Pese a las mutuas recriminaciones y violaciones a la ley en que incurrieron Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Felipe Calderón, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Procuraduría veracruzana, el caso de la presunta violación de Ernestina Ascencio Rosario por parte de un grupo de militares ha sido oficialmente cerrado.

No sólo eso, ahora resulta que murió de “muerte natural”, es decir, de “parasitosis” y “gastritis crónica”, no obstante que desde un principio autoridades estatales y federales --incluidas Sedena y CNDH-- admitieron se trataba de un “crimen”. El giro en el caso de Ernestina se dio luego de una reunión a puerta cerrada la noche del martes 24 de abril entre el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, y el gobernador veracruzano de extracción priista, Fidel Herrera.

Ahí, en las oficinas de Soberanes, acordaron que la CNDH entregaría su investigación a la Procuraduría veracruzana, y ésta elaboraría un dictamen final del caso. Sólo bastaron siete días para que las autoridades veracruzanas recularan de sus primeras afirmaciones, en el sentido de que Ernestina murió a raíz de una violación tumultuaria, y ahora resulta que falleció de una “anemia aguda” producto de una gastritis crónica. El deceso de Ernestina --ocurrido el 25 de febrero en Soledad Atzompa, Veracruz-- es emblemático de cómo en un solo caso las autoridades de todos los niveles incurrieron en serias contradicciones e incluso en violaciones a la ley.

En un principio el examen médico y los dos peritajes de la Procuraduría veracruzana señalaban que la indígena de 73 años había fallecido de una “fractura craneoencefálica y cervical”, además que su cuerpo presentaba desgarres en la parte vaginal y anal, así como equimosis en el cuerpo producto de una agresión. Estas pruebas coincidían plenamente con las declaraciones que hicieron los familiares de la occisa, quienes señalaron que las últimas palabras de Ernestina fueron: “Los soldados se me echaron encima”.

Días después, el propio presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, condenó el crimen y envió a un equipo de quince médicos, peritos y un forense al mando de la segunda visitadora, Susana Thalía Pedrosa, quienes propusieron la exhumación del cuerpo luego de detectar graves contradicciones en los exámenes periciales y en las entrevistas con los médicos forenses de Veracruz que practicaron la autopsia a Ernestina. Cuando se difundió en los medios la noticia de la muerte de Ernestina, presuntamente por una violación cometida por cinco soldados, la gente en la sierra de Zongolica exigió la salida del Ejército de la zona.

El 5 de marzo, Soberanes sostuvo --en una entrevista radiofónica con Carmen Aristegui-- que a “los soldados los van a dar de baja”, dejando entrever la responsabilidad de los militares. Deberán ser puestos a disposición de las autoridades civiles “para que los juzguen”, señaló. Incluso adelantó que pediría a la Sedena no fuera a consignar el caso al “fuero militar”, sino que los presuntos responsables dieran cuentas a juzgadores civiles de la entidad. Soberanes regresaba entonces del extranjero, y con estas declaraciones apuntaba a responsabilidades de soldados del 63 batallón. Mientras la Defensa Nacional, en un comunicado que generó más confusión que certidumbre, admitió –el 6 de marzo-- que había habido un “crimen”, pero acusaba a “grupos” contrarios a la institución.

Sustitución de comunicados

En el boletín 19 deslindaba a personal militar de haber participado en la muerte de Ernestina Ascencio: “…es preciso señalar que grupos desafectos a este instituto armado, en reiteradas ocasiones han puesto en tela de juicio las acciones que realiza en beneficio de la sociedad mexicana, y en este caso en particular, delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del Ejecutivo federal, y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades”.

Sin embargo, este comunicado fue embargado por el personal militar de las redacciones de medios de comunicación en Veracruz, y fue sustituido por otro marcado también con el número 19, pero con un contenido distinto. El párrafo mencionado desapareció en el nuevo comunicado, pero añadieron otro en el admitían haber recogido rastros de semen tomados del cuerpo de doña Ernestina. “Peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa con muestras de sangre que se tomen del personal militar”.

Este párrafo se repitió en los siguientes dos comunicados, e incluso la Sedena anunció que las muestras serían enviadas a la Ciudad de México para que la Procuraduría General de la República (PGR) las analizara y se lograra así obtener los perfiles genéticos, compararlos y deslindar responsabilidades. Los resultados estarían listos 15 o 20 días después. Sin embargo, antes de que concluyera la investigación a cargo de las procuradurías de Veracruz y Militar, el presidente Felipe Calderón, sin que viniera al caso y erigiéndose en Ministerio Público, adelantó la conclusión que enarbolarían más tarde CNDH y Sedena: Ernestina murió de “gastritis crónica” (La Jornada, 13 de marzo).

Esta definición, hecha desde el Ejecutivo federal, lejos de generar certidumbre en las investigaciones en curso sólo creó más confusión. Dictada la línea oficial, la CNDH responsabilizó a Sedena de haber informado por adelantado a Calderón, sin embargo con ello --según Soberanes-- no se violentaba ninguna ley, pues como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente podía recibir y dar información proporcionada por la Sedena, si así lo consideraba pertinente. Así, en lugar de los análisis clínicos de la PGR o de la Procuraduría veracruzana, el presidente Calderón y la CNDH se dedicaron a difundir las conclusiones de una investigación a cargo del Ministerio Público.

El 28 de marzo, por ejemplo, el diputado panista, general retirado Jorge González, mostró a los reporteros de la Cámara de Diputados un documento de la CNDH, en el que ya se anticipaban las causas clínicas de la muerte de Ernestina Ascencio y desechando la violación. El 4 de abril, la segunda visitadora de la CNDH, Susana Thalía Pedrosa, en una entrevista anunció que el gobierno de Veracruz había “perdido” las pruebas del líquido seminal, que en la exhumación descubrieron que no hubo violación y que efectivamente había muerto como lo dijo Felipe Calderón.

Cuando se le inquirió sobre las pruebas de líquido seminal que la Sedena dijo haber recogido del cuerpo de Ernestina, la funcionaria simplemente contestó que eso tendría que responderlo la autoridad militar. Efectivamente, dos días después de esta entrevista, el viernes 6, el encargado de Comunicación Social de la Sedena, general brigadier Mario Lucio González Cortés, envió una carta La Jornada, en la que señaló un dato inaudito:

“La Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con muestra alguna de líquido seminal supuestamente encontrado en el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio Rosario, y jamás lo ha tenido”.

La dependencia militar negaba lo que había publicado en tres boletines (19, 20 y 21 de marzo), pretextando que si en un comunicado anterior hizo referencia a la existencia de líquido seminal, era “porque partía de la premisa de que estarían dichas muestras en poder de la autoridad investigadora, en este caso la Procuraduría General de Justicia de Veracruz”. Entonces sostuvo lo mismo que la CNDH, que hasta la fecha la Procuraduría veracruzana no ha proporcionado dichas muestras. Sin las muestras de una presumible violación, con el líquido seminal desparecido y con las deficiencias de los dictámenes forenses en las manos, la CNDH inició su embestida contra las autoridades de Veracruz y, en conferencian de prensa del 19 de abril, Soberanes anunció que demandarían al procurador local.

Pacto en privado

El gobernador Fidel Herrera y el procurador Emeterio López Márquez guardaron silencio y, la noche del 24 de abril, pactaron con Soberanes en una reunión privada. De esta forma, el lunes 30 de abril el caso de Ernestina Ascencio fue oficialmente cerrado. Tocó al fiscal especial de la indagatoria, Juan Alatriste, poner punto final al escándalo y por ello le dio parcialmente la razón a la CNDH, al concluir que la indígena “no fue violada sexualmente”.

Sólo falta conocer la recomendación de la CNDH en torno al tema, la que se difundirá esta misma semana, según lo informó el propio Soberanes Fernández, y saber si se va a incluir en la reprimenda no sólo a las autoridades de Veracruz, sino a la Sedena, por tratar de manipular la información; al presidente Felipe Calderón, por difundir anticipadamente conclusiones de un caso que aún se investigaba, y al propio ombudsman, que se erigió en MP y circuló pruebas de un expediente que hasta entonces no se cerraba.