Chapa de oro

Ignominia: Deshonor, descrédito de quien ha perdido el respeto de los demás a causa de una acción indigna o vergonzosa.

Ante la ignominia de Los Voceros de la República de la Televisión es fundamental para la sanidad de la opinión pública el trabajo periodístico de la revista Proceso y Miguel Ángel Granados Chapa. Con ustedes:

Los Mouriño

Miguel Ángel Granados Chapa

En 1978, cuando en su patria se abría el horizonte a la democracia, Manuel Carlos Mouriño Atanes decidió salir de Madrid. Como reprochaban los criollos a los peninsulares del siglo XVI, "vino de España por la mar salobre/ a nuestro mexicano domicilio (...) de salud falto y de dinero pobre". A poco andar, sin embargo, esta última condición desapareció por completo: 30 años después, vuelto de regreso a su tierra natal, Mouriño Atanes posee un considerable patrimonio y encabeza un consorcio de empresas muy rentables; tanto, que le permitieron satisfacer un capricho: adquirir el equipo de futbol Celta de Vigo, que participó sin fortuna en la liga ibérica de primera división hasta su descenso el año antepasado.

A partir de la modestia de una gasolinería, Mouriño Atanes generó el Grupo Energético del Sureste (GES), que por cuenta de Pemex transporta combustibles en aquella región del país. Su actividad en este rubro se vio estimulada cuando hace ocho años su hijo Juan Camilo fue elegido diputado federal y encabezó la Comisión de Energía de la Cámara. Mientras desempeñaba esa responsabilidad, representaba a su familia ante Pemex y suscribía en su nombre contratos que hicieron crecer el consorcio. En la misma línea de negocios apoyados por el gobierno, GES participa en la industria eléctrica, si bien lo hace de modo sesgado.

En 2006, el grupo de Mouriño adquirió 20 hectáreas a la vera del camino que comunica a Mérida con Progreso. Criticada por el Diario de Yucatán la prontitud con que se le autorizó un proyecto que se creyó de bienes raíces, Carlos Mouriño Terrazo, primogénito y tocayo de su padre, así como hermano mayor del secretario de Gobernación (que por entonces era ya el principal asesor del candidato presidencial panista Felipe Calderón), informó oficialmente:

"El Grupo Energético del Sureste invertirá, en coinversión con una empresa española, 300 millones de pesos en una fábrica que elaborará torres eólicas de última generación, mismas que serán comercializadas principalmente en el mercado estadunidense". Pero también en México, si se atiende a la denuncia que en mayo pasado hizo Javier González Garza, líder de los diputados perredistas.

Según su información, la sigla GES, que identifica en México al negocio de los Mouriño, es la misma de Global Energy Services, de la que forma parte la empresa española Gamesa Eólica, instalada en el parque La Venta II en Oaxaca para la generación de electricidad a partir del viento. El equipo para la operación de esa planta fue provisto por Gándara Censa, otra empresa hispana que, adquirida por Mouriño padre en España, es la que formalmente coinvierte con GES en la fábrica yucateca. Si así son las cosas, no sólo sería esa planta proveedora de Gamesa Eólica, sino que ambas formarían parte del mismo grupo empresarial.

La actividad empresarial de Mouriño Atanes ha despertado curiosidad más en España que en México. Eso no obstante, en 2003 algún órgano policiaco mexicano solicitó por los conductos diplomáticos debidos información sobre procedimientos legales en torno a aquel súbdito español. Dicha información, según hemos venido a saber mucho tiempo después, "la proporcionó el reino de España con el carácter de confidencial al Estado mexicano, por lo que se considera reservada (...) y su publicación podría causar un detrimento a las relaciones internacionales de nuestro país".

Eso se lee en un comunicado de la Procuraduría General de la República, fechado el 29 de octubre, para informar por qué no se entregó, primero a un particular solicitante y después tampoco al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), aquella respuesta española. El IFAI necesitaba conocer el expediente para determinar si en efecto le es aplicable el artículo 13, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que considera reservada la información que pudiera menoscabar las relaciones internacionales de México, especialmente cuando es entregada a título confidencial por un gobierno o un organismo internacional.

Ante la insistencia del IFAI por conocer la documentación del caso, la PGR llegó a un extremo inusitado a fin de proteger a los Mouriño. Hizo que el jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales, Adrián Franco, demandara amparo contra el IFAI, y quizá por tratarse de quien es, y del órgano al que representa (que no puede acudir por sí al juicio de garantías), recibió el beneficio de la suspensión del acto reclamado. Se hizo tan notoria, sin embargo, la posible colusión entre la Procuraduría y el interés de la familia Mouriño, que la PGR solicitó al gobierno español autorización, no para divulgar la información tenida como reservada, pero sí para entregarla al órgano facultado para determinar su carácter, y ya la puso a disposición del Instituto, tras desistirse del amparo solicitado.

Mientras eso ocurre, los días del secretario Mouriño en Bucareli parecían aproximarse a su final. Eso dicen, al menos, los chismes palaciegos. Desde que en enero pasado pasó de la Oficina de la Presidencia a Gobernación fue cuestionada su designación, no sólo por su equívoca nacionalidad (pues, nacido en Madrid, a partir de la mayoría de edad ha utilizado indistintamente, según convenga, pasaporte español o mexicano), sino por su inexperiencia política. Cierto es que esa secretaría perdió a lo largo del tiempo las facultades legales y extralegales que la hacían centro de la política interior, pero su ejercicio requiere aún amplio conocimiento de las realidades del país, de los factores de poder y de los procesos políticos y jurídicos en curso. Nacido fuera de México, Mouriño cursó también su preparación universitaria más allá de la frontera, y su vida pública se extiende apenas por un decenio, en que ha sido diputado local en Campeche, legislador federal en la lista de representación proporcional del PAN, subsecretario de Energía, asesor principal del candidato Calderón, según queda dicho, y jefe de su Oficina de la Presidencia. Claro que un currículo puede no reflejar conocimiento y experiencia, pero el desempeño del secretario en los 10 meses de su estancia en Bucareli ha mostrado que carecía de aquellas prendas, al punto de que aun entre las filas de los adictos al gobierno se cuestionaba la pertinencia de su permanencia en ese cargo.

Según la información filtrada desde Los Pinos, Mouriño transitaría a una de dos candidaturas como salida airosa y mampara de lo que sería en realidad un despido. Se le presume aspirante a la jefatura de los diputados federales panistas que sean elegidos el año próximo (seguramente en número menor a los que actualmente ocupan curules). Tendría que contender para ello, entre otros interesados por la posición, con su antecesor en Gobernación y exgobernador de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, que por esa vía pretende ser rehabilitado después de que lo arrojó del gabinete.

También se le presenta como precandidato al gobierno de Campeche, donde ha vivido la mayor parte de su tiempo mexicano. Se buscaría que sea el panista que eche al PRI del gobierno de ese estado, algo que hace cinco años estuvo a punto de ocurrir. En efecto, la contienda de 2003 resultó especialmente competida, al grado de que la diferencia de votos entre el candidato priista triunfador y su opositor panista llegó apenas a dos puntos porcentuales, menos de 5 mil votos en números absolutos. Se apostaría a que el peso que da a Mouriño su pertenencia al gobierno federal, amén de la influencia económica de su familia, le ayudaría a remontar esa diferencia y pasar de Gobernación a la gubernatura.

Pero es temprano para saberlo. No lo es, en cambio, para saber que si se le busca una salida airosa es porque aun en el régimen del amiguismo a ultranza ya no es bien visto.