Código Penal Federal

LIBRO SEGUNDO
TÍTULO PRIMERO. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN
CAPÍTULO I. TRAICIÓN A LA PATRIA


[Artículo 123]

Artículo 123. Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:

I. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero;

II. Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México.

Cuando los nacionales sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de uno a nueve años y multa hasta de diez mil pesos;

Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción, al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito.


III. Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros; organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra;

IV. Destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional, o haga que se confundan, siempre que ello origine conflicto a la República, o ésta se halle en estado de guerra;

V. Reclute gente para hacer la guerra a México, con la ayuda o bajo la protección de un gobierno extranjero;

VI. Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior;


VII. Proporcione dolosamente y sin autorización, en tiempos de paz o de guerra, a persona, grupo o gobierno extranjeros, documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares;

VIII. Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje, sabiendo que los realiza;

IX. Proporcione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros, los elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional, o facilite su entrada a puestos militares o le entregue o haga entregar unidades de combate o almacenes de boca o guerra o impida que las tropas mexicanas reciban estos auxilios;

X. Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México; si no se realiza lo solicitado, la prisión será de cuatro a ocho años y multa hasta de diez mil pesos;


XI. Invite a individuos de otro Estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuere el motivo que se tome; si no se realiza cualquiera de estos hechos, se aplicará la pena de cuatro a ocho años de prisión y multa hasta de diez mil pesos;

XII. Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración;

XIII. Reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de recibirlo, con el fin de realizar alguno de los actos señalados en este artículo;

XIV. Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y dicte, acuerde o vote providencias encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional; y

XV. Cometa, declarada la guerra o rotas las hostilidades, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje o conspiración.

Helio Flores. Sexenio santo.

El nuevo oscurantismo
Porfirio Muñoz Ledo
5 de abril de 2007

Los excesos verbales y las gesticulaciones amenazantes a que ha dado lugar la iniciativa de ley que se debate en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en torno de la introducción de una excluyente adicional a la despenalización del aborto, colocan en el centro del debate nacional la laicidad del Estado. En efecto, las actitudes insolentes en contra de las instituciones emanadas del sufragio universal provienen del ala conservadora de la jerarquía eclesiástica y de sus esbirros, dentro y fuera del gobierno.

Lo que está en juego es el significado de la modernización, que en rigor histórico se inicia con el asalto al Estado teocrático y la eclosión de las libertades públicas. La evolución de la ciencia y de la sociedad hacían inviable la conducción de los asuntos públicos con base en la supremacía del pensamiento religioso sobre la ley y el orden civil. En ese sentido, la laicidad del Estado es el fundamento mismo del pacto social, del régimen democrático de gobierno y del imperio de los derechos humanos.

Antes de la gran revolución liberal, la legitimidad del Estado se asentaba en un mandato divino y por lo tanto le correspondía velar por el cumplimiento de un orden superior en lo terrenal. Las disputas entre los dos ámbitos de la Ciudad de Dios y con frecuencia su trastocamiento por la concupiscencia, fueron ásperas y sangrientas, pero para su propio beneficio, todas las potestades reconocían la supremacía del dogma.

Así, el proceso civilizatorio de Occidente está marcado por la hazaña del pensamiento crítico y por la ampliación del dominio de lo público, entendido como el escenario generador y protector de las libertades civiles. Nada de lo que la humanidad ha avanzado desde entonces sería explicable al margen de ese fenómeno. De ahí que México presente sus credenciales de ingreso a la modernidad sólo a partir de la victoria constitucional y política de la reforma frente a los conservadores.

La laicidad del Estado y el imperio de sus leyes aseguran a su vez el surgimiento de una nueva cultura, fundada en la tolerancia, el libre albedrío y la aventura del conocimiento. Significa la victoria contra el oscurantismo que es, por definición, la "oposición sistemática a que se difunda la instrucción" tanto como la "defensa de ideas o actitudes irracionales o retrógradas".

Es aleccionador que, ante lagunas evidentes de nuestro texto constitucional en torno de los principios que sustentan el régimen político del país, el legislador haya decidido subsanarlas en la redacción del artículo tercero, de 1945. Ahí se definió por primera vez al Estado mexicano: Federación, estados y municipios y se estableció el concepto y sentido de nuestra democracia, como una obra de progreso social y de cultura.

Por esa razón estipula en su fracción primera que la educación "será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa". Añade en seguida que el criterio que habrá de orientarla "se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios".

Palabras proféticas que deberíamos enarbolar en esta hora. Lo que el legislador intenta una vez más es poner al día las normas, conforme a la evolución de la comunidad y del saber, así como a la exigencia por la ampliación de las prerrogativas ciudadanas. Más allá de los asuntos de salud pública y libertad personal involucrados en el debate, se encuentra la potestad del Estado para determinar el marco conceptual y el alcance de sus decisiones normativas.

Seamos claros: ningún principio jurídico ni precepto de observancia obligatoria ha definido que la vida humana comience con la gestación. Tampoco lo ha estipulado ninguna carta o convención internacional de derechos humanos. Hasta hoy, estos instrumentos, tan justamente prolijos para la defensa de los niños, no abarcan a los que no han nacido. Se trata, si se quiere, de un interregno o limbo doctrinario al que se ha aplicado por inercia o por temor, disfrazados de inferencia lógica, el derecho canónico.

Dice con razón César Cansino que "el Estado no debe, ante asuntos controvertidos, imponer una concepción determinada, por la vía de la penalización" y subraya que en este caso la punición "es una medida inútil, por la ineficiencia de sus resultados". Añadiría que menos aun debiera cubrir sus propias incertidumbres con preceptos doctrinarios y disposiciones represivas provenientes de un orden ajeno a lo estatal.

Nos enfrentamos a un anacronismo propio de un nuevo régimen feudal que nos ha impuesto la derecha contemporánea. En la cúspide, los grandes imperios, armonizados por el Vaticano como celoso guardián del orden neoliberal; en la periferia, los pueblos bárbaros, excluidos del derecho a la igualdad y por ende a la plena ciudadanía; mermados sus estados por los poderes fácticos que los arrollan y cuyo origen y destino son transnacionales.

Quién puede dudar que en México se ha enseñoreado una trama espesa de potestades supraestatales que decide el futuro del país muy por encima de la soberanía popular. Unos se encargan, como siempre, de los estupefacientes morales, otros de la dominación sobre las conciencias, otros más del dominio monopólico sobre la economía y entre todos impiden el crecimiento de la ciudadanía y el arribo a la modernidad.

Cuando la reforma del artículo 130 constitucional de 1992, fuimos enfáticos en la preservación de la supremacía del Estado sobre las iglesias, en su propia esfera de competencia. Por esa razón, aunque con una redacción distinta, se reiteraron las prohibiciones esenciales estipuladas por el Constituyente de 1917. "Los ministros (de los cultos) no podrán asociarse con fines políticos... Tampoco podrán oponerse a las leyes del país o a sus instituciones".

La cuestión no es hoy la supuesta transgresión de normas inmanentes por un Poder Legislativo local. El agravio es la afrentosa violación de preceptos cardinales de la Constitución política por cuenta de instituciones y personalidades eclesiásticas que, al no someterse a su jurisdicción, están contribuyendo deliberadamente a la disolución del Estado.

El desafío sistemático al orden legal debiera ser enfrentado y sancionado por el poder público con todos los medios de su autoridad republicana. Resulta cuando menos sospechoso que en unos casos opte por la militarización, en otros por la sumisión y en situaciones como ésta por la abierta complicidad.

El propósito del señor Serrano Limón, prófugo virtual de la justicia, en el sentido de que la decisión legislativa tendrá un costo político para el jefe de Gobierno de la ciudad y que será "un costo de sangre", pasará sin duda al anecdotario de la infamia política. Pero es deber de todos reaccionar con energía ante la pretensión golpista que esta amenaza exhibe.

bitarep@gmail.com

Hollywood

Helio Flores. Sueldos.

La "sed de justicia" por el asesinato de Ernestina Ascencio une a PRD y PRI

Todos los pueblos de la sierra Zongolica reclaman la renuncia de José Luis Soberanes

Crean comité representativo y unitario para dar seguimiento a las investigaciones del crimen

BLANCHE PETRICH ENVIADA

Soledad Atzompa, Veracruz, 3 de abril. Con "sed de justicia" y respaldados por todos los pueblos de la sierra Zongolica, los cinco hijos de la señora Ernestina Ascencio demandaron la destitución del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, "porque miente a la población al decir que la muerte de nuestra madre fue por enfermedad". Las tres mujeres de largas trenzas, Marta, Carmen y Juana, a ratos se tapan la boca con el rebozo, apenadas. Los dos hombres, Julio y Francisco, se muestran firmes. Juntos, los hermanos Inés Ascencio encabezaron este martes una asamblea en la que participaron más de 100 hombres y mujeres congregados de los 22 municipios serranos y de algunas zonas urbanas de Orizaba y Córdoba.

El presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, que al asumir su papel de autoridad habla por ellos, reitera: "Ellos son testigos de la última palabra de su señora madre, de que fue atacada sexualmente. Y lamentablemente la declaración de la CNDH agrede a la familia. Le pedimos a todas las autoridades que ya no sigan lacerando a los hermanos en este dolor que tienen".

Con estas declaraciones ante un nutrido grupo de periodistas veracruzanos concluyó una intensa y compacta asamblea realizada en el salón de actos de la agencia de Atzompa. Todos los agentes de los 22 municipios de la Zongolica acudieron y aprobaron la iniciativa de exigir la salida de Soberanes del cargo de ombudsman nacional, por considerar que al ventilar públicamente sus puntos de vista sobre la muerte de la señora Ernestina y desconocer la instancia correspondiente, a escala estatal, faltó el respeto a la familia de la víctima. "Nosotros -expresaron las autoridades- respetamos las instancias y los plazos debidos. Nos dijeron que técnica y científicamente había plazos que esperar. Y esperamos. El señor Soberanes, lamentablemente, no lo hizo".

Además de las organizaciones campesinas y de mujeres, las autoridades comunitarias de municipios de las montañas, acudieron representantes de redes ciudadanas de los núcleos urbanos de Mendoza, Nogales, Orizaba, 18 municipios de la zona de Córdoba y varios más de las sierras Negra y de Orizaba, que confluyen con sus alturas y laderas en el verde valle que se extiende a los pies de Atzompa. Hubo priístas y perredistas, líderes rivales que hasta hace poco tenían fricciones y diferencias, grupos de base y cuadros políticos.

A partir de hoy los une una causa común. "Levante la mano quien esté de acuerdo con pedir justicia", pide el presidente de debates. Y en el sofocante auditorio donde está por concluir la asamblea, toda en náhuatl, se levantan todas las manos, hasta las de los niños que asisten pegados a las faldas de sus madres. Y todos dicen en español: "¡Justicia!"

Momentos antes se había propuesto la creación de un comité, representativo y unitario, que arropara con su solidaridad y sus acciones a la familia Inés Ascencio. Más de 50 personas se levantaron a firmar el acta constitutiva. Hacía años que en la sierra Zongolica no se vivía una acción unitaria como esta. Pero además, se anunció que pedirán a todos los legisladores veracruzanos, tanto a los que representan al estado en el Congreso como los diputados locales, a que se sumen a la iniciativa. Más aun, afirmó el regidor de obra pública Julio Atenco, "le tomamos la palabra al señor gobernador (Fidel Herrera), que ha ratificado que lo que se perpetró contra la señora Ernestina fue un crimen y no ocurrió por muerte natural, lo cual lo pone en contradicción con la CNDH. Eso ha marcado un paso muy importante de congruencia del gobierno veracruzano, que queremos reconocer". Sus palabras fueron secundadas por la audiencia.

A partir de este momento, se anunció, se esperará "un tiempo determinado", para que la fiscalía especial asignada al caso por la Procuraduría General de Justicia Estatal, que encabeza Juan Alatriste, lleve a cabo la investigación "hasta sus últimas consecuencias". Pero, advirtió el alcalde Pérez Pascuala, "si no hubiera respuesta a nuestra petición, se iniciarían movilizaciones en diferentes partes de la entidad, pidiendo únicamente que este crimen no quede impune".

Se aclaró, de paso, que aquí "no se está culpando a nadie". Aunque por varios antecedentes de conflictos y atropellos, y por las circunstancias que rodearon la muerte de la abuela Ernestina, incluyendo su último testimonio, no hay duda, en estos pueblos, sobre la responsabilidad de los soldados.

Durante la asamblea, las tres hijas de Ernestina hablaron largamente, con seguridad. La audiencia bebía sus palabras. Algunos vocablos en español daban idea de por dónde iban los discursos: "Anemia no es cierto", "mucho coraje", "presidente de los derechos humanos". Pero ya frente a la prensa, inhibidas frente a un idioma ajeno, resumieron su sentir en unas pocas frases, pronunciadas con las mejillas encendidas: "Tenemos hambre y sed pero no queremos comida ni agua. No queremos dinero, no queremos nada, queremos justicia. Sólo eso, compañeros y compañeras, señor gobernador".

En su turno en el uso de la palabra, el dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra Zongolica (CROISZ), René Huertas, explicó lo difícil que fue para los hermanos Inés Asencio, espiritualmente, acceder a la petición de proceder a exhumar el cuerpo de su madre, apenas un día después de que, conforme a los usos funerarios de los pueblos indígenas, acudieron los dolientes al cementerio a "levantar la cruz" de la difunta. Pero lo hicieron por contribuir a la investigación.

Nadie, de todos los presentes, recordaba un solo caso de exhumación de restos en estos pueblos.

Por ello, insistió, "si alguna institución dice tener la verdad, vamos a pedirle que se dirija a la instancia especializada que el gobierno del estado instruyó. La fiscalía ha asegurado que está dedicada, y sabemos que sí, las 24 horas a trabajar en el caso. Es la única que va a definir legalmente este proceso. Los demás serán simplemente decires. Pero en esos decires no queremos que sigan dañando a la familia".

Por su parte, Julio Atenco señaló que, además de trabajar en la estrategia jurídica, el comité de apoyo a la familia Ascencio trabajará una línea de estrategia de lucha política con apoyo solidario de grupos civiles de México, con diputados federales, entre ellos el perredista nahua Marcos Matías, que preside la Comisión de Asuntos Indígenas; la organización Enlace Continental de Mujeres, que sólo en México cuenta con más de 100 grupos en toda la República, y con Amnistía Internacional. "En este asunto cada vez más complejo -señaló Atenco- vamos a agotar todas las instancias nacionales, pero sabemos que al final vamos a tener que llegar a instancias internacionales con tal de que este crimen no quede impune."

Naranjo. La vida sabrosa.

Los infiltrados.

La imagen idónea para explicar el estado depresivo actual del cine de Martin Scorsese. Los "Infiltrados", las tres horas de la nada.

La cumbia del manatí.

Video Musical de la Cumbia del Manati
composicion Carlos Robledo
produccion Carlos Robledo
Saulo Cisneros

Astillero

Julio Hernández López

Intimidades

El PAN, pleito judicial

Pollitos del corral

Encinas, candidato

Quienes ayer promovían, desde las cercanías del felipismo, la tesis del "quinazo patriótico", con el que según eso habría de comenzar su gobierno el licenciado Calderón (golpe político que, como todo mundo sabe, nomás no se dio), ahora se deshacen argumentalmente en abono de la versión de que es fundamental, casi un asunto de Estado, arrancarle a Vicente Fox y a Manuel Espino el control del consejo y el comité nacionales panistas. Ninguna maniobra política espectacular podrá dar el michoacano, cada vez más encanecido, mientras en casa siga teniendo al enemigo que ya ni siquiera disfraza sus obuses, aseguran tales susurrantes empinados (es decir, que murmuran desde Los Pinos).

Por ello es que el gobierno federal ha puesto a trabajar a Francisco Ramírez Acuña (el policía malo del binomio en el que el policía bueno es.... es... ¿quién podría ser el policía bueno?) y a otros secretarios de Estado en el plan de rescate que luego Manuel Espino ha hecho denunciar por conducto de uno de sus secretarios cercanos, en el arranque de un duelo de declaraciones en que Federico Doping y el propio Manuel Es Fino han demostrado cuán higiénica es la política de lavadero.

La batalla por el control del PAN no tiene objetivos doctrinarios o espirituales, sino meramente materiales, inclusive de orden judicial. La pareja presidencial, que de 2000 a 2006 vio crecer desmesuradamente la riqueza propia y la de sus familiares y allegados, pretende impedir que el menguado felipismo dé los anunciados golpes políticos de consolidación que necesariamente deberían pasar por los expedientes de los hijos Bribiesca y Fox. La manera más rápida de hacerle ver a Calderón los riesgos que correría en caso de destapar las cloacas de marca guanajuatense es el activismo abierto de los papás también enriquecidos (ese activismo es una versión larga de la breve y falaz huelga de hambre con que Carlos Salinas quiso desde Monterrey presionar a Ernesto Zedillo para que no encarcelara al hermano Raúl). El diario torpedeo del equipo foxista parece imparable porque Calderón carece del piso político que le permita enfrentar a un cuerno de chivo en cristalería, como ha sido hasta ahora el mencionado Fox. Lo menos que haría Vicente si Felipe se atreve a ir contra su familia sería develar aspectos de la manera como hizo ganar fraudulentamente al michoacano el pasado 2 de julio. Por eso es que el diariamente ofendido no puede sino voltear hacia otro lado y ensayar amargas fórmulas de "respeto" a su adversario intencional y envenenadamente imprudente.

La manera como se resuelva la conformación del consejo nacional panista prefigurará lo que sucederá en marzo del año próximo, cuando se relija a Espino o se designe a un nuevo dirigente. Desde ahora aparece como precandidato designado por el foxismo el ex secretario de Gobernación Carlos Abascal, quien abiertamente asume funciones de opinante distinguido de lo que sucede en el gobierno calderonista, como si el mencionado Monseñor panista siguiese ejerciendo funciones de operario de la política interior. Contra Su Eminencia iría un pollito de los que forman el extraño corral particular del felipismo, Germán Martínez, un político que en la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal simplemente ha demostrado que los incendiarios oradores suelen ser apagados burócratas cuando pasan del proponer al ejecutar (otro ejemplar del corralito felipista es Max Cortázar, actual coordinador de comunicación social de Los Pinos, quien antes de ser favorecido por el panismo para ocupar plazas en diversos lugares del Congreso y el gobierno federal, como "conocedor" de los medios de comunicación, era maestro de batería en la Escuela de Música G. Martell. Un lector, que fue su alumno, recuerda: "A todos nos caía mal por sentirse de la high society, así como ahora se siente de la high política". Max tiene publicado un curso para tocar batería.)

Latinsizer. Celofán.

Helio Flores. El gangoso.