La "sed de justicia" por el asesinato de Ernestina Ascencio une a PRD y PRI

Todos los pueblos de la sierra Zongolica reclaman la renuncia de José Luis Soberanes

Crean comité representativo y unitario para dar seguimiento a las investigaciones del crimen

BLANCHE PETRICH ENVIADA

Soledad Atzompa, Veracruz, 3 de abril. Con "sed de justicia" y respaldados por todos los pueblos de la sierra Zongolica, los cinco hijos de la señora Ernestina Ascencio demandaron la destitución del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, "porque miente a la población al decir que la muerte de nuestra madre fue por enfermedad". Las tres mujeres de largas trenzas, Marta, Carmen y Juana, a ratos se tapan la boca con el rebozo, apenadas. Los dos hombres, Julio y Francisco, se muestran firmes. Juntos, los hermanos Inés Ascencio encabezaron este martes una asamblea en la que participaron más de 100 hombres y mujeres congregados de los 22 municipios serranos y de algunas zonas urbanas de Orizaba y Córdoba.

El presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, que al asumir su papel de autoridad habla por ellos, reitera: "Ellos son testigos de la última palabra de su señora madre, de que fue atacada sexualmente. Y lamentablemente la declaración de la CNDH agrede a la familia. Le pedimos a todas las autoridades que ya no sigan lacerando a los hermanos en este dolor que tienen".

Con estas declaraciones ante un nutrido grupo de periodistas veracruzanos concluyó una intensa y compacta asamblea realizada en el salón de actos de la agencia de Atzompa. Todos los agentes de los 22 municipios de la Zongolica acudieron y aprobaron la iniciativa de exigir la salida de Soberanes del cargo de ombudsman nacional, por considerar que al ventilar públicamente sus puntos de vista sobre la muerte de la señora Ernestina y desconocer la instancia correspondiente, a escala estatal, faltó el respeto a la familia de la víctima. "Nosotros -expresaron las autoridades- respetamos las instancias y los plazos debidos. Nos dijeron que técnica y científicamente había plazos que esperar. Y esperamos. El señor Soberanes, lamentablemente, no lo hizo".

Además de las organizaciones campesinas y de mujeres, las autoridades comunitarias de municipios de las montañas, acudieron representantes de redes ciudadanas de los núcleos urbanos de Mendoza, Nogales, Orizaba, 18 municipios de la zona de Córdoba y varios más de las sierras Negra y de Orizaba, que confluyen con sus alturas y laderas en el verde valle que se extiende a los pies de Atzompa. Hubo priístas y perredistas, líderes rivales que hasta hace poco tenían fricciones y diferencias, grupos de base y cuadros políticos.

A partir de hoy los une una causa común. "Levante la mano quien esté de acuerdo con pedir justicia", pide el presidente de debates. Y en el sofocante auditorio donde está por concluir la asamblea, toda en náhuatl, se levantan todas las manos, hasta las de los niños que asisten pegados a las faldas de sus madres. Y todos dicen en español: "¡Justicia!"

Momentos antes se había propuesto la creación de un comité, representativo y unitario, que arropara con su solidaridad y sus acciones a la familia Inés Ascencio. Más de 50 personas se levantaron a firmar el acta constitutiva. Hacía años que en la sierra Zongolica no se vivía una acción unitaria como esta. Pero además, se anunció que pedirán a todos los legisladores veracruzanos, tanto a los que representan al estado en el Congreso como los diputados locales, a que se sumen a la iniciativa. Más aun, afirmó el regidor de obra pública Julio Atenco, "le tomamos la palabra al señor gobernador (Fidel Herrera), que ha ratificado que lo que se perpetró contra la señora Ernestina fue un crimen y no ocurrió por muerte natural, lo cual lo pone en contradicción con la CNDH. Eso ha marcado un paso muy importante de congruencia del gobierno veracruzano, que queremos reconocer". Sus palabras fueron secundadas por la audiencia.

A partir de este momento, se anunció, se esperará "un tiempo determinado", para que la fiscalía especial asignada al caso por la Procuraduría General de Justicia Estatal, que encabeza Juan Alatriste, lleve a cabo la investigación "hasta sus últimas consecuencias". Pero, advirtió el alcalde Pérez Pascuala, "si no hubiera respuesta a nuestra petición, se iniciarían movilizaciones en diferentes partes de la entidad, pidiendo únicamente que este crimen no quede impune".

Se aclaró, de paso, que aquí "no se está culpando a nadie". Aunque por varios antecedentes de conflictos y atropellos, y por las circunstancias que rodearon la muerte de la abuela Ernestina, incluyendo su último testimonio, no hay duda, en estos pueblos, sobre la responsabilidad de los soldados.

Durante la asamblea, las tres hijas de Ernestina hablaron largamente, con seguridad. La audiencia bebía sus palabras. Algunos vocablos en español daban idea de por dónde iban los discursos: "Anemia no es cierto", "mucho coraje", "presidente de los derechos humanos". Pero ya frente a la prensa, inhibidas frente a un idioma ajeno, resumieron su sentir en unas pocas frases, pronunciadas con las mejillas encendidas: "Tenemos hambre y sed pero no queremos comida ni agua. No queremos dinero, no queremos nada, queremos justicia. Sólo eso, compañeros y compañeras, señor gobernador".

En su turno en el uso de la palabra, el dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra Zongolica (CROISZ), René Huertas, explicó lo difícil que fue para los hermanos Inés Asencio, espiritualmente, acceder a la petición de proceder a exhumar el cuerpo de su madre, apenas un día después de que, conforme a los usos funerarios de los pueblos indígenas, acudieron los dolientes al cementerio a "levantar la cruz" de la difunta. Pero lo hicieron por contribuir a la investigación.

Nadie, de todos los presentes, recordaba un solo caso de exhumación de restos en estos pueblos.

Por ello, insistió, "si alguna institución dice tener la verdad, vamos a pedirle que se dirija a la instancia especializada que el gobierno del estado instruyó. La fiscalía ha asegurado que está dedicada, y sabemos que sí, las 24 horas a trabajar en el caso. Es la única que va a definir legalmente este proceso. Los demás serán simplemente decires. Pero en esos decires no queremos que sigan dañando a la familia".

Por su parte, Julio Atenco señaló que, además de trabajar en la estrategia jurídica, el comité de apoyo a la familia Ascencio trabajará una línea de estrategia de lucha política con apoyo solidario de grupos civiles de México, con diputados federales, entre ellos el perredista nahua Marcos Matías, que preside la Comisión de Asuntos Indígenas; la organización Enlace Continental de Mujeres, que sólo en México cuenta con más de 100 grupos en toda la República, y con Amnistía Internacional. "En este asunto cada vez más complejo -señaló Atenco- vamos a agotar todas las instancias nacionales, pero sabemos que al final vamos a tener que llegar a instancias internacionales con tal de que este crimen no quede impune."