Bomba periodística al corazón de la guerra

Investigación periodística de Víctor Rodríguez para Noticias MVS:

Sedena indemniza por violación a derechos

Ciudad de México, Marzo 10, 2010.- Ante las constantes denuncias de la población civil y de organismos que velan por los derechos humanos nacionales e internacionales la Secretaría de la Defensa Nacional ha pagado, en forma de indemnización, por algunos de los atropellos que cometen sus soldados.

Con base en documentos oficiales obtenidos por Noticias MVS, detallan pagos por agravios como: el homicidio de 28 civiles; gastos funerarios; atención médica para 14 civiles heridos; pagos por daños “moral y material”, de lo que la Sedena califica como “supuestas violaciones a los derechos humanos”; entre otros rubros.

Se han destinado más de 8 millones 090 mil pesos en sólo 44 casos, a partir de 2007. La investigación periodística revela que en el rubro de los homicidios -en promedio- cada indemnización por la muerte de un civil es de 150 mil pesos; sin embargo, se pagó a una empresa de alimentos más de un millón y medio de pesos por una acusación de trasiego de droga que a la postre no prosperó.

El Consejo de Guerra ha condenado a prisión a sólo dos elementos de tropa por los delitos de homicidio y violencia contra las personas, uno con una pena de un año y once meses; y el otro a nueve meses de prisión.

Para Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “el Ejército se mueve más en una lógica bélica, que no es la más adecuada para enfrentar a la delincuencia”.

Y agregó “El aumento de violaciones se debe al aumento de militares deplegados por el territorio, pero también a la impunidad, y este punto lo subrayo, gracias a la cual estos pueden cometer abusos contra la población, sin sufrir alguna consecuencia. el pago de la indemnización no es una reparación del daño”.

El primer pago por una indemnización se realizó, tras ventilarse el caso de Ernestina Ascencio, la mujer indígena de la sierra de Zongolica, Veracruz, que presuntamente perdió la vida a consecuencia de un ultraje perpetrado por soldados.

En ese entonces, el presidente Felipe Calderón declaró que la muerte de Ernestina fue a consecuencia de una “gastritis crónica no atendida”, versión que fue avalada en abril de 2007 por el fiscal especial para aquella indagatoria, Juan Alatriste.

Así, el primero de junio de 2007 se entregaron 147 mil pesos por el homicidio de Roberto Francisco Valenzuela Loera para “indemnizar la reparación del daño” cometido por los soldados.

En julio de 2007, en el municipio de La Joya, Sinaloa, efectivos del 24 regimiento de caballería accionaron sus armas de fuego contra la camioneta que conducía Adán Abel Esparza Parra; fallecieron 5 personas: su mujer, sus tres hijos y su cuñada. La dependencia castrense pagó 850 mil pesos como indemnización a los familiares de las víctimas.

Otra agresión cometida, pero en el estado de México, es descrita por el general brigadier y activista de los derechos humanos, José Francisco Gallardo Rodríguez “un joven que fue atropellado, allá por la salida para Querétaro, cerca de San Miguel de los Jagüeyes, donde un convoy militar atropella a un ciclista.

“Estas personas acudieron a mi, yo los auxilié y finalmente al joven lo indemnizaron, la Defensa Nacional lo está tratando en el hospital; le pusieron un ciber-café y tiene una pensión por parte de la Defensa Nacional”.

Un caso emblemático fue el ocurrido en marzo de 2008 en Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuando un grupo de militares disparó contra una camioneta en movimiento lo que provocó la muerte a cuatro de sus tripulantes y lesiones graves a otro.

Dos meses más tarde, en mayo de 2008, se pagó 652 mil pesos, es decir 153 mil pesos para cada uno de los familiares de los cuatro fallecidos y 38 mil pesos adicionales para liquidar la atención médica del herido.

El general de división retirado, diplomado de Estado Mayor, Luís Garfias Magaña aseguró que los soldados no son policías, no están hechos para eso. Porqué lo hacen, (se pregunta él mismo) porque están cumpliendo con la misión segunda de la Ley Orgánica, que es mantener la seguridad interior, pero hay que modificar el artículo 129 de la Constitución, esto nadie lo ha querido hacer, ¡nadie! y eso es lo más importante, modificar el artículo 129 para que los soldados tengan el apoyo legal, porque en este momento no lo tienen.

Y es que el artículo 129 de la Carta Magna se refiere a que “En tiempo de paz, ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar (...)”

Los documentos oficiales citan que el mayor pago se registró a favor de la empresa “Cremería Cotija”.

El 7 de agosto de 2009 personal del Ejército Mexicano aseguró en Sinaloa, un cargamento de casi cuatro toneladas de queso y detuvo a sus dos tripulantes, presumiendo que el producto contenía cocaína.

Los militares trasladaron la carga y a los conductores ante un Agente del Ministerio Público, sin embargo, con base en reactivos químicos se supo que las 160 piezas de queso carecían de droga alguna.

La dependencia castrense efectuó un pago, en menos de 24 horas, por millón 700 mil pesos a favor de la empresa michoacana “quesos cotija” por los daños causados.

Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rigths Watch, la falta de garantías que existe para investigar y sancionar a los militares por sus abusos, toda vez que el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, ejerce un doble poder en las fuerzas armadas.

“El hecho que el secretario de la Defensa, el general Galván, ejerza simultáneamente, actividades ejecutivas, operativas, y al mismo tiempo sea la máxima autoridad judicial en México, no garantiza, en materia de justicia militar, no garantiza, que el fuero militar sea el mejor recurso para investigar abusos que compromete a gente de las fuerzas militares”, explicó Vivanco.

Y agregó “las autoridades civiles en el caso actual, miran para el otro lado, se hace como si esto no fuera con ellos, como si fueran plenamente espectadores y no asumen la responsabilidad que les corresponde, porque están utilizando un ejército que no responde, que no rinde cuentas ni a los civiles en el ámbito interno, ni a la comunidad internacional”.

Esto explica por qué de las 3 mil 163 quejas por violación a los Derechos Humanos que se han presentado durante estos últimos tres años, se haya indemnizado sólo en 44 casos, se estén integrando 70 averiguaciones previas, y que sólo tres militares hayan sido sentenciados con prisión, acotando que uno de ellos, logró que la condena fuera anulada por un Tribunal Superior.