John Saxe-Fernández
Bajo arrastre de empréstitos del Banco Mundial (BM), PRI y PAN impulsaron reformas estructurales como tapadera legal de inconstitucionales operaciones que van dejando a Pemex como un cascarón al trasladar la gestión operativa a privados y grandes firmas tipo Halliburton y Slumberger. Con la reforma petrolera en el bolsillo, cúpula y empresas despliegan a directivos y equipos de abogados para incidir sobre decisiones que eventualmente emanarían de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en torno a la “asignación de bloques para la exploración y producción de hidrocarburos, el tiempo de adjudicación mediante contratos de servicios y las medidas para la asignación de incentivos económicos”. Esa comisión fue propuesta hace años por el BM bajo un esquema “regulador” (dominado por las petroleras), utilizado en Texas. Por lo que, como señala Mario Di Costanzo, las concesiones de áreas en el Golfo de México bien “pueden darse de tal manera que se le entreguen a una misma empresa varios espacios cuyo tamaño promedio es de la extensión del estado de Tlaxcala o Colima” (ibidem).
La maniobra contra la nación es magna. Recuerdo que en la privatización petrolera en Brasil el BM creó la Agencia Nacional del Petróleo y, como en el caso de la Texas Railroad Comission, sus órganos fueron penetrados por las empresas petroleras, igual que los diputados de la “reforma”, lisonjeados hace pocos meses por el Comando Norte (CN) de EU en sus instalaciones en la Base Aérea Peterson, en Colorado Springs, donde asistieron a un curso para familiarizarse con el CN y enfatizar, dice el Pentágono, “la asociación fuerte de cooperación con México, que es crítica para ambos países: la seguridad de Norteamérica (sic) y el hemisferio”. El CN se encarga de la “seguridad” de Alaska al Suchiate y el Golfo de México. Ahí opera la Cuarta Flota y se localizan los bloques de la traición.
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