"La criminalización de la protesta".

"La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) consideró que lo ocurrido hace una semana en la zona arqueológica de Chinkultik –donde seis campesinos perdieron la vida durante un desalojo de la policía– es un ejemplo de la política gubernamental que criminaliza la protesta social, delega la solución política y dialogada a los conflictos y busca con indemnizaciones tapar su responsabilidad institucional.El organismo sostuvo que la demanda de los labriegos está plenamente justificada en los tratados internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas, suscritos también por México. Refirió que según el testimonio de los pobladores, la muerte de los seis campesinos, tres de ellos rematados cuando los llevaban al hospital –junto con el chofer que los trasladaba–, fue producto del desalojo de los habitantes del poblado Miguel Hidalgo."
La Jornada, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 9 de octubre.