Astillero

Julio Hernández López

Televisión Elektra

Televisión Azteca no tiene credenciales (ni de moralidad ni de profesionalismo) para pretender asumirse como ente defensor de la libertad de expresión o como instancia de representación social. Desde su origen (Raúl, hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, “prestó” 30 millones de dólares para la ventajosa compra al gobierno federal de los canales 7 y 13 de televisión abierta), la empresa de Ricardo Salinas Pliego ha utilizado su deformada interpretación del periodismo para presiones políticas y negocios corporativos.

Con estilo gritón, amarillista, superficial y manipulado, el “periodismo” doblemente salinizado lo mismo ha arremetido de manera golpista contra el gobierno capitalino de Cuauhtémoc Cárdenas (e hizo una infame campaña de desprestigio y burla contra el íntegro procurador local de Justicia, el difunto Samuel del Villar), a causa del asesinato de una de sus estrellas del entretenimiento, a la que luego se encontraron mortales nexos con asuntos de narcotráfico, que se ha lanzado contra un secretario de Hacienda para defender delicados asuntos fiscales de la empresa o ha vituperado a uno de los grandes millonarios del país por asuntos de medicinas, cuando éste ha pretendido asociarse con siglas extranjeras para pujar en busca de una tercera cadena televisiva nacional.

En esos casos, como en muchos otros (el supuesto atentado, años atrás, contra una de sus locutoras de noticiarios, en las inmediaciones de lo que es llamado “El canal del Ajusco”), la marca de la casa es el encubrimiento de los intereses mercantiles y políticos tras el disfraz presuntamente heroico de la defensa de la sociedad y de valores como la libertad de expresión y el ejercicio crítico. El tono regañón, el ceño fruncido, los juicios severos y la denuncia de “injusticias” funcionan por encargo hacia fuera y contra otros, pero no hacia la propia conducta criticable, las manipulaciones y, en ocasiones, la conducta delictiva de algunos dueños y dirigentes de la empresa que ha llevado a algunos (¡quién lo iba a pensar!) a considerar que la peor televisión no es la que hace Televisa.

Un tema obviamente intocable es el asalto armado al cerro del Chiquihuite, que Salinas Pliego y un equipo de abogados, operadores políticos y guaruras organizaron (el Estado es Tv Azteca, diría Ricardo XV) para forzar y acelerar el proceso de apropiación de la señal de un canal que con algunos de sus programas noticiosos (notablemente la emisión nocturna, conducida por Ciro Gómez Leyva y Denisse Maerker) había dado muestras importantes de apertura, pluralidad y crítica al poder. El golpe del Chiquihuite mostró de manera brutal el sometimiento de un gobierno ausente, en permanente hibernación, ante poderes fácticos que llevaron al omiso Vicente Fox a pronunciar su famosa frase de abdicación confesa: “¿Y yo por qué?”.

Los aires extremos de falso sacrificio cívico se han vuelto a instalar en la empresa de Ricardo Salinas Pliego a partir de las reformas constitucionales en materia electoral, que han cercenado a los medios electrónicos el gran pastel publicitario de los comicios. A diferencia de Televisa (donde apuestan más a las negociaciones de elite que a la confrontación estilo abonero), los espacios informativos y de opinión de Tv Azteca se han convertido en desfondadas escenificaciones previsibles en las que los ardores comerciales y las pretensiones de poder político tratan de convencer a los televidentes de que en México se vive el preludio de una dictadura, en la que los intereses de la sociedad han sido secuestrados por la “partidocracia”, peligros todos ante los cuales los nobles y desinteresados locutores, comentaristas y directivos prometen luchar con denuedo para salvar a la patria (y al negocio de virtual agio llamado tiendas Elektra, y el pago por favores recibidos denominado Banco Azteca, y el botín de la publicidad para Tv Azteca y la garantía de sobrevivencia del duopolio actual, sin apertura a nuevos competidores).

El desbordamiento de las negras aguas críticas del canal del Ajusco se ha topado con un insólito frente común de legisladores federales que han confirmado en espots propios la arrogancia, la ambición y la ignorancia del golpismo Azteca. En nada lastima ni merma al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión lo aprobado por quienes representan en el Congreso federal a 90 por ciento de los votantes de 2006 y por la gran mayoría de las cámaras estatales que han abordado el asunto.

Lo que las dos grandes televisoras defienden es el gran negocio que han venido haciendo con cargo al erario, que les permite convertir en ganancias empresariales “legítimas” el saqueo de los recursos públicos mediante contratos de publicidad política y electoral que crean escenarios falsos y percepciones tramposas y que promueven y exaltan personalidades y obras huecas e inexistentes.

En lugar de destinarse a gasto social (escuelas, hospitales, etcétera), los fondos públicos se van a las arcas de las empresas televisoras y luego sus estrellas y directivos lucen sus riquezas “bien habidas” en las revistas de frivolidades, además de que luego organizan colectas, teletones y otras formas de lavado empresarial de conciencia y de jineteos y malabares fiscales, para devolver a los pobrecitos pobres unas migajas de lo mucho que les arrebataron mediante las exacciones publicitarias de cuello blanco.