La falsa transparencia foxista

Expediente sobre el uso de recursos del Fonden permanecerá en secreto hasta 2017

El gobierno foxista dejó al de Calderón casi 4 millones de archivos bajo reserva

En 2015 se podrán conocer documentos sobre operativos antiterroristas metropolitanos

ELIZABETH VELASCO C.

Si algún ciudadano en cualquier estado de la República desea conocer cómo el gobierno federal administró los recursos destinados al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) tendrá que esperar hasta 2017 para que se desclasifique el expediente ­conformado por 35 archivos­, o hasta 2010 si quiere conocer los archivos sobre las actividades oficiales de Vicente Fox, cuya gestión heredó a la de Felipe Calderón casi 4 millones de expedientes bajo reserva.

Los archivos clasificados como reservados por las 240 dependencias y entidades del gobierno federal durante la gestión de Fox, prácticamente se triplicaron en los cinco meses anteriores al primero de diciembre de 2006. Cuando a mediados de 2004 se creó el Indice de Expedientes Reservados, las dependencias gubernamentales dieron a conocer al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) la clasificación de 1.5 millones de archivos.

Posteriormente, en mayo pasado, se registró el nivel más alto de clasificaciones, con 5 millones de documentos, que pasaron a 3 millones 839 mil 296 al cierre de la gestión foxista. Tan sólo la Secretaría de Gobernación clasificó 73 mil expedientes; la de Hacienda, 289 mil 378; la de Economía, 100 mil 186; la Policía Federal Preventiva, 46 mil 274; la Secretaría de Seguridad Pública, 15 mil 367, y la Presidencia de la República, 209, por citar algunas. Si bien en esa lista están incluidos documentos cuya lapso de reserva ya expiró ­y por ello ha disminuido el número­, en temas sensibles y polémicos, como el del Fonden, la reserva se mantiene por 12 o 15 años.

Sobresalen también las clasificaciones que hizo el gobierno foxista de 23 expedientes de la Policía Federal Preventiva sobre operativos antiterroristas metropolitanos, a cargo de la Dirección General de Terrorismo, la cual determinó la reserva de aquéllos hasta el 2 de julio de 2015. Y pese a que ya culminó la gestión de Fox, la Unidad de Opinión Pública de la Presidencia de la República clasificó hasta 2009 diversas encuestas de "Percepción y evaluación ciudadana sobre la gestión presidencial y del gobierno. Expectativas y reacciones ante diversos escenarios y/o situaciones coyunturales nacionales e internas".

De igual forma, la Secretaría de la Función Pública clasificó alrededor de 95 mil expedientes, una gran mayoría de los cuales contiene las indagatorias efectuadas en la gestión foxista contra funcionarios acusados del manejo irregular de fondos del erario y tráfico de influencias, entre otros delitos. Es el caso, por ejemplo, de Carmen Segura Rangel, impedida una década para ocupar cargos públicos por desviar mil 200 millones de pesos del Fonden a actividades políticas en estados panistas donde no hubo desastres naturales.

O bien la indagatoria en torno a Guido Belsasso, quien se ostentaba ante trasnacionales como gestor del gobierno federal para facilitar la entrega de licitaciones por montos millonarios del sector público. A pesar que el gobierno de Fox presumió ser el promotor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el vanguardista en la rendición de cuentas, trató de mantener en la opacidad el costo para el erario del oneroso vestuario de Marta Sahagún, hasta que, por órdenes del IFAI, se reveló que en un año gastó más de 300 mil pesos en su guardarropa.

Incluso, en otros casos, la Presidencia de la República optó directamente por declarar la inexistencia de facturas sobre los gastos de Sahagún, con cargo al erario, en viajes al extranjero.
Tal fue el caso de la visita de la esposa del ex presidente a Washington, el 13 y 14 de marzo, para asistir a la exposición Divina humana: la mujer en los antiguos México y Perú, sobre el cual la comisionada del IFAI, María Marván, señaló que se dará "vista" a la Secretaría de la Función Pública para que indague si realmente existen tales facturas y, en su caso, se proceda a la sanción correspondiente.