Estrictamente personal

Raymundo Riva Palacio
Barbas mojadas

Un mal arranque, en materia de libertad de prensa, tuvo el gobierno de Felipe Calderón, que bien tendría que aclarar qué piensa de la libertad de prensa. Desde hace algunas semanas circula la versión de que Bernardo Gómez, el poderoso vicepresidente de Televisa, fue destituido porque su sola presencia era un agravio para el presidente Felipe Calderón. Incluso, entre la opinión informada circulaba un diálogo de Calderón y el presidente de la más importante empresa de comunicación en habla hispana, Emilio Azcárraga, en el que supuestamente el Presidente le indicaba que jamás le tomaría una llamada a Gómez, y que la relación sería, cuantas veces quisiera, única y exclusivamente con él. La especie se reavivó esta semana porque, en el cenit de la subjetividad, en las oficinas del audaz vicepresidente de Televisa vieron una mudanza a destino desconocido.

Esa conversación no fue confirmada, sino desmentida por cercanos a Calderón. Sin embargo, la circulación de la versión tuvo sus efectos. Uno de ellos fue el mensaje que altos ejecutivos de Televisa enviaron al equipo de transición de Calderón antes que anunciara su gabinete. Si deseaba nombrar a Javier Lozano, acérrimo crítico de la llamada Ley Televisa, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, les dijeron, no tendrían problema, lo que contradice las versiones en la industria que Televisa había vetado a Lozano. En realidad, dicen cercanos a Calderón, no fue así. El presidente electo no estaba dispuesto a comer lumbre, y si Lozano tenía como enemigo a Televisa y a otros líderes de la industria de telecomunicaciones, no iniciaría un enfrentamiento por un cargo. Lozano terminó como secretario de Trabajo.

Pero si esa conversación no existió, lo que sí sucedió fue un cambio general en las relaciones institucionales con la empresa. Ni Gómez, que había despachado varios asuntos estratégicos para Televisa desde Los Pinos, ni Azcárraga, ante quien se había arrodillado el ex presidente Vicente Fox, tendrían ese tipo de relación personal con el nuevo Presidente. La nueva, fue el mensaje de Calderón, será institucional. No se trata de que se vaya Gómez de la empresa o de México, que modifiquen la programación o alteren el contenido de sus noticiarios, les hicieron saber personas cercanas al Presidente, sino que la relación a partir de las personas era cosa del pasado.

Si esto no tuviera una correlación con varias acciones que se han venido dando, habría que saludar la medida y congratularnos de ese paso. Sin embargo, las cosas marchan por otro camino. El viernes pasado, por ejemplo, se emplearon las herramientas del viejo sistema político para controlar en la medida máxima de lo posible la transmisión televisiva de la toma de posesión.

Radio, Televisión y Cinematografía, el organismo regulador de medios electrónicos que depende de la Secretaría de Gobernación, transmitió un mensaje ominoso: la empresa televisiva que rompa la cadena nacional del evento correrá el riesgo de que se le revoque su concesión. La cadena nacional pasó ininterrumpida, pese a un par de sucesos que vulneraban por completo el derecho de los ciudadanos a estar informados.

El primero fue que al entrar la cadena nacional se cortó al convoy de prensa que seguía a Calderón, con lo cual se anuló la posibilidad de que informaran los pormenores del todavía presidente electo. La acción fue estratégica, pues el vehículo de Calderón se dirigió a un acceso no vigilado por el PRD en San Lázaro, y entró sin contratiempos por la puerta de atrás, de acuerdo con la estrategia del Estado Mayor Presidencial. El segundo, muy notorio, fue el guión que leyeron a los conductores de la cadena nacional, el cual decía que la ceremonia transcurría con tranquilidad, cuando la realidad era totalmente distinta.

La amenaza pendió sobre los medios televisivos que se tuvieron que someter a la cadena nacional y hacer de lado una cobertura que mantuviera informados a los ciudadanos, que reciben de la televisión más de 90% de su información. ¿Por qué obligar a los medios a una cadena nacional? El resabio es autoritario y contradice por completo el espíritu del libre flujo de información, la libertad de prensa y el derecho al pueblo de estar informado.

Una transmisión televisiva abierta es imposible de acotar. La cadena nacional, para consumo doméstico y, sobre todo, internacional, le sirvió al gobierno entrante para transmitir tomas cerradas, sin abrir cámaras a lo que sucedía en el salón de plenos del Congreso, y eliminar todo sonido que no fuera el del micrófono empleado por Calderón. Como en los regímenes cerrados, la fabricación de una realidad aséptica fue utilizada para mostrar sólo las fortalezas del Presidente entrante, pero no el contexto de las dificultades políticas que en el propio Congreso estallaban.

Ese día no puede llamarse de excepción, por más extraordinarias las condiciones políticas que ahí se expresaron. Dentro del equipo de Calderón hay una línea de pensamiento de dureza hacia los medios de comunicación. ¿Por qué darle publicidad a quienes los golpean? La pregunta ha sido formulada desde el equipo de transición en correlación directa, aunque quizás inopinada, con la lógica del ex presidente José López Portillo cuando en un informe presidencial habló de los espejos de Tezcatlipoca y en otro momento suspendió la publicidad a varios medios con el axioma de "no te pago para que me pegues".

Dentro del equipo de Calderón han evaluado la política de garrote vil del viejo régimen. Es cierto que hay una descomposición en el área de la comunicación política donde los medios han tenido cuota importante de irresponsabilidad, pero retirar la publicidad a medios que no coinciden con su pensamiento o porque hay figuras que los critican es preocupante. El gobierno no es dueño de, sino administrador de los impuestos de los contribuyentes, y si pretende Calderón ser un presidente para todos, mal empezaría dejándose llevar por la lógica de la exclusión que plantean algunos de sus colaboradores.

Urge, sí, cambiar las reglas del juego, pero por la vía moderna no autoritaria. Relación institucional y profesional sí, pero no a costa de amenazas y hostigamiento. Revisar los presupuestos publicitarios del gobierno también, pero eliminando las discrecionalidades que se dieron hasta el sexenio pasado y buscando las fórmulas que, sobre la base de amplitud de cobertura y calidad de mercado, redistribuyan esos gastos. La pluralidad de la sociedad también está expresada en los medios. No pueden castigar de manera arbitraria a quien refleje a la oposición. Pero también sería injusto para todos que se siguiera apoyando con recursos públicos a medios sin representatividad como en el pasado, a cambio de favores coyunturales o que les sirvan como francotiradores a modo de sus enemigos del momento. Bienvenida la época de las relaciones institucionales, pero que no esté coartada con el amago, la hostilidad y la censura de prensa.