Hoy 10 de marzo de 2010, La Jornada publicó una primera plana histórica:
Un acuerdo PRI-PAN llevó a la silla a Calderón: Santiago
Es el coscorrón periodístico a las mujeres y los hombres que ocultaron al pueblo de México el resultado de las elecciones del 2006. La primera plana de La Jornada es el fin de las mentiras, lo que desnudó para siempre a los columnistas y los análisistas republicanos televisivos: le mintieron a más de cien millones de mexicanos. El dicho del diputado priísta César Augusto Santiago es un golpe terminal a La República de la Televisión y al Imperio de Gortari. Es cuestión de horas. La verdad histórica del fraude terminará de emerger desde el fango político de las cúpulas del PRI y el PAN.
La crónica del debate legislativo publicado por La Jornada fue escrita por Enrique Méndez y Roberto Garduño, y en su primer párrafo dice lo que ya es demoledor:
"Un acuerdo entre el PRI y el PAN permitió que Felipe Calderón ocupara la silla presidencial en 2006, afirmó ayer el diputado priísta César Augusto Santiago Ramírez, en medio del debate sobre el convenio que ambos partidos suscribieron para evitar las alianzas electorales en el estado de México de panistas con el PRD."
Link a la historia en movimiento.
miércoles, marzo 10, 2010
¿Quién será su Chupacabras?
Astuto, el guionista se mantuvo oculto y reinó en la sombra durante años. La estructura dramática del transgobierno fue escrita con inteligencia oscura: se exilió, pero nunca se fue. El innombrable es el cerebro detrás de la cortina del teatro neoliberal. En su primer gobierno, Carlos Salinas de Gortari agravió a millones de mexicanos con el fraude electoral, con la represión política, con la corrupción desbordada, con las privatizaciones selectivas y con el fatídico quebranto económico: la memoria colectiva no lo olvida.
Por eso tuvo que actuar como guionista: el que escribe la historia sin aparecer en la historia. El que determina el carácter de los personajes y la progresión de los conflictos dramáticos sin ser el personaje y sin ser el que asume el costo de los conflictos dramáticos. Enrique Peña Nieto es un remake evolucionado de la dramática de Charly.
¿Y quién será su Chupacabras?

Mancuerna de Naranjo.
Por eso tuvo que actuar como guionista: el que escribe la historia sin aparecer en la historia. El que determina el carácter de los personajes y la progresión de los conflictos dramáticos sin ser el personaje y sin ser el que asume el costo de los conflictos dramáticos. Enrique Peña Nieto es un remake evolucionado de la dramática de Charly.
¿Y quién será su Chupacabras?
Mancuerna de Naranjo.
Bomba periodística al corazón de la guerra
Investigación periodística de Víctor Rodríguez para Noticias MVS:
Con base en documentos oficiales obtenidos por Noticias MVS, detallan pagos por agravios como: el homicidio de 28 civiles; gastos funerarios; atención médica para 14 civiles heridos; pagos por daños “moral y material”, de lo que la Sedena califica como “supuestas violaciones a los derechos humanos”; entre otros rubros.
Se han destinado más de 8 millones 090 mil pesos en sólo 44 casos, a partir de 2007. La investigación periodística revela que en el rubro de los homicidios -en promedio- cada indemnización por la muerte de un civil es de 150 mil pesos; sin embargo, se pagó a una empresa de alimentos más de un millón y medio de pesos por una acusación de trasiego de droga que a la postre no prosperó.
El Consejo de Guerra ha condenado a prisión a sólo dos elementos de tropa por los delitos de homicidio y violencia contra las personas, uno con una pena de un año y once meses; y el otro a nueve meses de prisión.
Para Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “el Ejército se mueve más en una lógica bélica, que no es la más adecuada para enfrentar a la delincuencia”.
Y agregó “El aumento de violaciones se debe al aumento de militares deplegados por el territorio, pero también a la impunidad, y este punto lo subrayo, gracias a la cual estos pueden cometer abusos contra la población, sin sufrir alguna consecuencia. el pago de la indemnización no es una reparación del daño”.
El primer pago por una indemnización se realizó, tras ventilarse el caso de Ernestina Ascencio, la mujer indígena de la sierra de Zongolica, Veracruz, que presuntamente perdió la vida a consecuencia de un ultraje perpetrado por soldados.
En ese entonces, el presidente Felipe Calderón declaró que la muerte de Ernestina fue a consecuencia de una “gastritis crónica no atendida”, versión que fue avalada en abril de 2007 por el fiscal especial para aquella indagatoria, Juan Alatriste.
Así, el primero de junio de 2007 se entregaron 147 mil pesos por el homicidio de Roberto Francisco Valenzuela Loera para “indemnizar la reparación del daño” cometido por los soldados.
En julio de 2007, en el municipio de La Joya, Sinaloa, efectivos del 24 regimiento de caballería accionaron sus armas de fuego contra la camioneta que conducía Adán Abel Esparza Parra; fallecieron 5 personas: su mujer, sus tres hijos y su cuñada. La dependencia castrense pagó 850 mil pesos como indemnización a los familiares de las víctimas.
Otra agresión cometida, pero en el estado de México, es descrita por el general brigadier y activista de los derechos humanos, José Francisco Gallardo Rodríguez “un joven que fue atropellado, allá por la salida para Querétaro, cerca de San Miguel de los Jagüeyes, donde un convoy militar atropella a un ciclista.
“Estas personas acudieron a mi, yo los auxilié y finalmente al joven lo indemnizaron, la Defensa Nacional lo está tratando en el hospital; le pusieron un ciber-café y tiene una pensión por parte de la Defensa Nacional”.
Un caso emblemático fue el ocurrido en marzo de 2008 en Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuando un grupo de militares disparó contra una camioneta en movimiento lo que provocó la muerte a cuatro de sus tripulantes y lesiones graves a otro.
Dos meses más tarde, en mayo de 2008, se pagó 652 mil pesos, es decir 153 mil pesos para cada uno de los familiares de los cuatro fallecidos y 38 mil pesos adicionales para liquidar la atención médica del herido.
El general de división retirado, diplomado de Estado Mayor, Luís Garfias Magaña aseguró que los soldados no son policías, no están hechos para eso. Porqué lo hacen, (se pregunta él mismo) porque están cumpliendo con la misión segunda de la Ley Orgánica, que es mantener la seguridad interior, pero hay que modificar el artículo 129 de la Constitución, esto nadie lo ha querido hacer, ¡nadie! y eso es lo más importante, modificar el artículo 129 para que los soldados tengan el apoyo legal, porque en este momento no lo tienen.
Y es que el artículo 129 de la Carta Magna se refiere a que “En tiempo de paz, ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar (...)”
Los documentos oficiales citan que el mayor pago se registró a favor de la empresa “Cremería Cotija”.
El 7 de agosto de 2009 personal del Ejército Mexicano aseguró en Sinaloa, un cargamento de casi cuatro toneladas de queso y detuvo a sus dos tripulantes, presumiendo que el producto contenía cocaína.
Los militares trasladaron la carga y a los conductores ante un Agente del Ministerio Público, sin embargo, con base en reactivos químicos se supo que las 160 piezas de queso carecían de droga alguna.
La dependencia castrense efectuó un pago, en menos de 24 horas, por millón 700 mil pesos a favor de la empresa michoacana “quesos cotija” por los daños causados.
Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rigths Watch, la falta de garantías que existe para investigar y sancionar a los militares por sus abusos, toda vez que el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, ejerce un doble poder en las fuerzas armadas.
“El hecho que el secretario de la Defensa, el general Galván, ejerza simultáneamente, actividades ejecutivas, operativas, y al mismo tiempo sea la máxima autoridad judicial en México, no garantiza, en materia de justicia militar, no garantiza, que el fuero militar sea el mejor recurso para investigar abusos que compromete a gente de las fuerzas militares”, explicó Vivanco.
Y agregó “las autoridades civiles en el caso actual, miran para el otro lado, se hace como si esto no fuera con ellos, como si fueran plenamente espectadores y no asumen la responsabilidad que les corresponde, porque están utilizando un ejército que no responde, que no rinde cuentas ni a los civiles en el ámbito interno, ni a la comunidad internacional”.
Esto explica por qué de las 3 mil 163 quejas por violación a los Derechos Humanos que se han presentado durante estos últimos tres años, se haya indemnizado sólo en 44 casos, se estén integrando 70 averiguaciones previas, y que sólo tres militares hayan sido sentenciados con prisión, acotando que uno de ellos, logró que la condena fuera anulada por un Tribunal Superior.
Sedena indemniza por violación a derechos
Ciudad de México, Marzo 10, 2010.- Ante las constantes denuncias de la población civil y de organismos que velan por los derechos humanos nacionales e internacionales la Secretaría de la Defensa Nacional ha pagado, en forma de indemnización, por algunos de los atropellos que cometen sus soldados.Con base en documentos oficiales obtenidos por Noticias MVS, detallan pagos por agravios como: el homicidio de 28 civiles; gastos funerarios; atención médica para 14 civiles heridos; pagos por daños “moral y material”, de lo que la Sedena califica como “supuestas violaciones a los derechos humanos”; entre otros rubros.
Se han destinado más de 8 millones 090 mil pesos en sólo 44 casos, a partir de 2007. La investigación periodística revela que en el rubro de los homicidios -en promedio- cada indemnización por la muerte de un civil es de 150 mil pesos; sin embargo, se pagó a una empresa de alimentos más de un millón y medio de pesos por una acusación de trasiego de droga que a la postre no prosperó.
El Consejo de Guerra ha condenado a prisión a sólo dos elementos de tropa por los delitos de homicidio y violencia contra las personas, uno con una pena de un año y once meses; y el otro a nueve meses de prisión.
Para Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “el Ejército se mueve más en una lógica bélica, que no es la más adecuada para enfrentar a la delincuencia”.
Y agregó “El aumento de violaciones se debe al aumento de militares deplegados por el territorio, pero también a la impunidad, y este punto lo subrayo, gracias a la cual estos pueden cometer abusos contra la población, sin sufrir alguna consecuencia. el pago de la indemnización no es una reparación del daño”.
El primer pago por una indemnización se realizó, tras ventilarse el caso de Ernestina Ascencio, la mujer indígena de la sierra de Zongolica, Veracruz, que presuntamente perdió la vida a consecuencia de un ultraje perpetrado por soldados.
En ese entonces, el presidente Felipe Calderón declaró que la muerte de Ernestina fue a consecuencia de una “gastritis crónica no atendida”, versión que fue avalada en abril de 2007 por el fiscal especial para aquella indagatoria, Juan Alatriste.
Así, el primero de junio de 2007 se entregaron 147 mil pesos por el homicidio de Roberto Francisco Valenzuela Loera para “indemnizar la reparación del daño” cometido por los soldados.
En julio de 2007, en el municipio de La Joya, Sinaloa, efectivos del 24 regimiento de caballería accionaron sus armas de fuego contra la camioneta que conducía Adán Abel Esparza Parra; fallecieron 5 personas: su mujer, sus tres hijos y su cuñada. La dependencia castrense pagó 850 mil pesos como indemnización a los familiares de las víctimas.
Otra agresión cometida, pero en el estado de México, es descrita por el general brigadier y activista de los derechos humanos, José Francisco Gallardo Rodríguez “un joven que fue atropellado, allá por la salida para Querétaro, cerca de San Miguel de los Jagüeyes, donde un convoy militar atropella a un ciclista.
“Estas personas acudieron a mi, yo los auxilié y finalmente al joven lo indemnizaron, la Defensa Nacional lo está tratando en el hospital; le pusieron un ciber-café y tiene una pensión por parte de la Defensa Nacional”.
Un caso emblemático fue el ocurrido en marzo de 2008 en Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuando un grupo de militares disparó contra una camioneta en movimiento lo que provocó la muerte a cuatro de sus tripulantes y lesiones graves a otro.
Dos meses más tarde, en mayo de 2008, se pagó 652 mil pesos, es decir 153 mil pesos para cada uno de los familiares de los cuatro fallecidos y 38 mil pesos adicionales para liquidar la atención médica del herido.
El general de división retirado, diplomado de Estado Mayor, Luís Garfias Magaña aseguró que los soldados no son policías, no están hechos para eso. Porqué lo hacen, (se pregunta él mismo) porque están cumpliendo con la misión segunda de la Ley Orgánica, que es mantener la seguridad interior, pero hay que modificar el artículo 129 de la Constitución, esto nadie lo ha querido hacer, ¡nadie! y eso es lo más importante, modificar el artículo 129 para que los soldados tengan el apoyo legal, porque en este momento no lo tienen.
Y es que el artículo 129 de la Carta Magna se refiere a que “En tiempo de paz, ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar (...)”
Los documentos oficiales citan que el mayor pago se registró a favor de la empresa “Cremería Cotija”.
El 7 de agosto de 2009 personal del Ejército Mexicano aseguró en Sinaloa, un cargamento de casi cuatro toneladas de queso y detuvo a sus dos tripulantes, presumiendo que el producto contenía cocaína.
Los militares trasladaron la carga y a los conductores ante un Agente del Ministerio Público, sin embargo, con base en reactivos químicos se supo que las 160 piezas de queso carecían de droga alguna.
La dependencia castrense efectuó un pago, en menos de 24 horas, por millón 700 mil pesos a favor de la empresa michoacana “quesos cotija” por los daños causados.
Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rigths Watch, la falta de garantías que existe para investigar y sancionar a los militares por sus abusos, toda vez que el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, ejerce un doble poder en las fuerzas armadas.
“El hecho que el secretario de la Defensa, el general Galván, ejerza simultáneamente, actividades ejecutivas, operativas, y al mismo tiempo sea la máxima autoridad judicial en México, no garantiza, en materia de justicia militar, no garantiza, que el fuero militar sea el mejor recurso para investigar abusos que compromete a gente de las fuerzas militares”, explicó Vivanco.
Y agregó “las autoridades civiles en el caso actual, miran para el otro lado, se hace como si esto no fuera con ellos, como si fueran plenamente espectadores y no asumen la responsabilidad que les corresponde, porque están utilizando un ejército que no responde, que no rinde cuentas ni a los civiles en el ámbito interno, ni a la comunidad internacional”.
Esto explica por qué de las 3 mil 163 quejas por violación a los Derechos Humanos que se han presentado durante estos últimos tres años, se haya indemnizado sólo en 44 casos, se estén integrando 70 averiguaciones previas, y que sólo tres militares hayan sido sentenciados con prisión, acotando que uno de ellos, logró que la condena fuera anulada por un Tribunal Superior.
martes, marzo 09, 2010
Una raya más al fraude
"El diputado priista César Augusto Santiago declaró en el pleno de la cámara de diputados que si Felipe Calderón está en el poder fue por un acuerdo político. Desde la tribuna de San Lázaro, y en el contexto del ríspido debate que se desató por el tema del acuerdo secreto firmado por César Nava y Beatriz Paredes, el ex-operador de campaña de Roberto Madrazo declaró que los acuerdos están en el centro de la democracia.
“Gracias a uno de esos acuerdos esta sentado Felipe Calderon en una silla que yo personalmente no acepto”, remató, en referencia al hecho de que el PRI permitió que Calderón llegara al poder pese a que había perpetrado un fraude electoral en las elecciones de 2006."
Link a SDPnoticias.La defensa legítima del Emperador ilegítimo
"La mitología del poder de Salinas no es más que eso, un mito."
Ricardo Alemán, columnista de El Universal y vocero de La República de la Televisión.
Ricardo Alemán, columnista de El Universal y vocero de La República de la Televisión.
El pelele más desinformado de México
"Si el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, no le informó a Felipe Calderón del acuerdo para evitar alianzas, no es la primera vez que el señor no se entere de algo."
Beatriz Paredez Rangel, presidenta nacional del PRI.
Beatriz Paredez Rangel, presidenta nacional del PRI.
Regeneración TV
López Obrador y Rogelio Ramírez de la O exponen la urgencia de combatir a los monopolios para posibilitar el crecimiento económico del país.
La burla
La burla se construyó así: la cúpula del PRI y el PAN firmaron un 'contrato', un 'pacto' político para elevar impuestos a los mexicanos a cambio de que el PAN no se aliara con el PRD en las elecciones del 2011 en el Estado de México, y afianzar así, entre los dos partidos, el proyecto republicano televisivo llamado 'Enrique Peña Nieto'. Fue la firma blanquiazul de la derrota, la devolución de lo que recibieron a cambio por avalar el fraude de Carlos Salinas en 1988: la Presidencia de la República.
De ese tamaño es el desprecio del PRIAN por los mexicanos: no les importa el resultado de las elecciones, ellos son 'las elecciones' y por eso pueden pactar los resultados anticipadamente. Un nudo más en la cuerda de los fraudes.
El neomaximato de Charly ha permanecido oculto bajo las pieles políticas necesarias para mentenerse detrás del poder hasta el fin de los tiempos. Se le olvida a Salinas que en México fue el territorio donde se extinguieron los dinosaurios. Desde que fue presidente nacional del PRD, después como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, luego como Candidato a la Presidencia de la República y ahora como Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador lo ha sostenido: la cúpula del PRI y del PAN está al servicio de la oligarquía, el grupo empresarial monopolista que, orquestado desde la sombra por Carlos Salinas de Gortari y a través de sus franquicias político electorales, domina el acontecer público de México.
Felipe Calderón en un monólogo decadente que recitó en Tlaxcala a los militares que lo cercan y acompañan, aceptó que sus 'acciones' ya no son nota en La República de la Televisión. Es la humillante declaración que define lo que está sucediendo en las castas del poder: ya no toman en cuenta al 'Presidente'. Ya no lo enteran de lo que hacen y pactan los avatares de Charly para seguir sometiendo al pueblo, no sólo con el aumento de los impuestos, también elevando al límite de la asfixia las gasolinas, el diesel, la luz y el gas ¿Qué pensarán ahora los voceros que se crisparon cuando AMLO definió a Carlderón como 'pelele'? Lo que no dirán: López Obrador tenía razón.
Después de revelado el pacto antidemocrático, Carlos Navarrete, senador chuchista al servicio del régimen televisivo, por fin dijo una verdad: el jefe de campaña de Enrique Peña Nieto es Carlos Salinas de Gortari. Es su desesperado intento por saltar a tiempo del barco usurpado. Ha sido tan descarada la alianza del chuchismo con el Imperio de Gortari, que la declaración y deslinde de Navarrete del 'jefe de jefes' es la aceptación inconsciente de su triste papel: el destructor de la izquierda dentro de la izquierda.
Confirmado. La vocería republicana televisiva ha sido derrotada en el debate público. Andrés Manuel López Obrador tuvo razón desde el orígen del conflicto: el PRIAN es un muégano político al servicio de la oligarquía y ya emerge a la superficie, el calvario de lo que está detrás: el innombrable y omnipotente, Carlos Salinas de Gortari. Y ahora, en la vorágine de la ruptura cupular PRIANISTA irrumpe la pregunta: ¿quién soltará primero los detalles del pacto con que la oligarquía y sus partidos políticos se robaron la presidencia de la República?
De ese tamaño es el desprecio del PRIAN por los mexicanos: no les importa el resultado de las elecciones, ellos son 'las elecciones' y por eso pueden pactar los resultados anticipadamente. Un nudo más en la cuerda de los fraudes.
El neomaximato de Charly ha permanecido oculto bajo las pieles políticas necesarias para mentenerse detrás del poder hasta el fin de los tiempos. Se le olvida a Salinas que en México fue el territorio donde se extinguieron los dinosaurios. Desde que fue presidente nacional del PRD, después como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, luego como Candidato a la Presidencia de la República y ahora como Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador lo ha sostenido: la cúpula del PRI y del PAN está al servicio de la oligarquía, el grupo empresarial monopolista que, orquestado desde la sombra por Carlos Salinas de Gortari y a través de sus franquicias político electorales, domina el acontecer público de México.
Felipe Calderón en un monólogo decadente que recitó en Tlaxcala a los militares que lo cercan y acompañan, aceptó que sus 'acciones' ya no son nota en La República de la Televisión. Es la humillante declaración que define lo que está sucediendo en las castas del poder: ya no toman en cuenta al 'Presidente'. Ya no lo enteran de lo que hacen y pactan los avatares de Charly para seguir sometiendo al pueblo, no sólo con el aumento de los impuestos, también elevando al límite de la asfixia las gasolinas, el diesel, la luz y el gas ¿Qué pensarán ahora los voceros que se crisparon cuando AMLO definió a Carlderón como 'pelele'? Lo que no dirán: López Obrador tenía razón.
Después de revelado el pacto antidemocrático, Carlos Navarrete, senador chuchista al servicio del régimen televisivo, por fin dijo una verdad: el jefe de campaña de Enrique Peña Nieto es Carlos Salinas de Gortari. Es su desesperado intento por saltar a tiempo del barco usurpado. Ha sido tan descarada la alianza del chuchismo con el Imperio de Gortari, que la declaración y deslinde de Navarrete del 'jefe de jefes' es la aceptación inconsciente de su triste papel: el destructor de la izquierda dentro de la izquierda.
Confirmado. La vocería republicana televisiva ha sido derrotada en el debate público. Andrés Manuel López Obrador tuvo razón desde el orígen del conflicto: el PRIAN es un muégano político al servicio de la oligarquía y ya emerge a la superficie, el calvario de lo que está detrás: el innombrable y omnipotente, Carlos Salinas de Gortari. Y ahora, en la vorágine de la ruptura cupular PRIANISTA irrumpe la pregunta: ¿quién soltará primero los detalles del pacto con que la oligarquía y sus partidos políticos se robaron la presidencia de la República?
California: brutal golpiza a estudiantes de Estados Unidos
"En California y en numerosas ciudades norteamericanas los estudiantes salieron a las calles para protestar contra los recortes masivos impuestos por el Gobierno de Barack Obama en todos los niveles de la educación pública.
En Oakland, miles de manifestantes se congregaron en la Plaza Frank Ogawa. Un grupo de unos 200 jóvenes marcharon por el centro de la ciudad y al intentar atravesar la carretera Interestatal 880 para alcanzar una rampa de salida de la carretera Interestatal 980, la policía antidisturbios de Oakland, sin previa alerta de dispersion, empezó a golpearlos con porras y amenzar con sus armas a la gente antes de arrestarlos."
sábado, marzo 06, 2010
Y el Oscar es...
"Los atentados del 11 de septiembre forman parte de una estrategia de inteligencia compleja. Una gran mentira con la que se trataba de lograr un pretexto para luchar contra el terrorismo estadounidense y que allanó el camino para el aventurerismo en Afganistán."
Mahmud Ahmadineyad, Presidente Iraní.
Mahmud Ahmadineyad, Presidente Iraní.
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Contra(comunicado):
Como decía Henry David Thoreau, "No pido inmediatamente que no haya gobierno, sino inmediatamente un gobierno mejor". El orígen de Medios y política fue el fraude electoral del 2006: nació La República de la Televisión y la programa(ción) se volvió dicta(dura): un monopolio opinativo de Tercer Grado. Aquí en 'Medios y política' están las evidencias comunicacionales que sostienen nuestra tésis: Felipe Calderón no ganó las elecciones; la oligarquía lo impuso mediante un fraude para auto(comprarse) lo que queda de México. Y lo repitieron imponiendo a Enrique Peña Nieto en el 2012. Por eso pedimos lo posible: que se restaure La República.
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