1. El señalamiento de que el gobierno panista de Calderón estaba preparando con oficiales del Ejército a grupos paramilitares se hizo en 2006, casi desde los inicios del gobierno espurio, no ha dejado de reiterarse al constatarse sus acciones en Chiapas y ahora cobra mayor fuerza con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que subraya, entre otras cosas, que el gobierno calderonista busca crear a los involucrados en este proyecto un régimen de inmunidad absoluta dentro de la lógica neoliberal de que el Estado debe abdicar de todas sus funciones básicas.
2. Las consecuencias que este abandono criminal del Estado entraña para el pueblo mexicano son múltiples y muy graves, pues al paramilitarizar el país no sólo se están creando las condiciones para la comisión impune de múltiples actos de barbarie, sino fomentando una descomposición social de amplios sectores al poner en marcha un mecanismo de destrucción que resulta después incontrolable. El proceso penal que debería abrirse contra Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, Julio César Ruiz Ferro y un buen número de militares, así como contra los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia como sus cómplices, no debería ser nada más por la matanza de Acteal en 1997, sino por atentar contra la nación misma con este proyecto de índole criminal.
3. La responsabilidad delictiva de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo por la conformación de esos grupos paramilitares está plenamente demostrada en múltiples testimonios, como se comprueba en los informes desclasificados del servicio de inteligencia de Estados Unidos este mes de agosto, que no dejan lugar a dudas sobre lo que ya se sabía: a) que ambos gobernantes apoyaron el proyecto de creación y entrenamiento de múltiples grupos paramilitares por parte de oficiales del Ejército Mexicano, y b) que Zedillo y Chuayffet estuvieron personalmente tras las acciones de estos grupos y conocieron y decidieron el operativo de Acteal.
4. El hecho que no pudieron prever por su torpeza los responsables del gobierno panista actual al revivir el caso de Acteal fue que en el debate que se abría iba a aparecer la discusión sobre la actual paramilitarización del país, y que se iba a plantear al gobierno espurio de Calderón una doble responsabilidad. La primera, por encubrir a Zedillo y a sus cómplices por la matanza de Acteal de 1997, y la segunda por estar instaurando Calderón ante el actual escenario de inconformidad social que prevalece un régimen de violencia de Estado, similar al existente en la Colombia de Uribe, en el que al lado de las acciones incontrolables de las fuerzas armadas aparece la creación de grupos paramilitares, también incontrolables, con el pretexto de garantizar la seguridad de terratenientes, ganaderos y empresarios rurales.
5. La continuidad en la mecánica del poder entre priístas y panistas se ha ido así confirmando en éste como en otros casos: tras los halcones, de Díaz Ordaz y Echeverría (1968-1972), y los grupos creados por Salinas y Zedillo, se encuentran ahora los paramilitares entrenados y organizados por el gobierno de Calderón, quien, como sus predecesores, se negó a entender el enorme riesgo que entraña para la organización social y política del país auspiciar este proyecto de supuesto control social
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6. La creación de grupos policiales privados y de contingentes paramilitares rurales y urbanos, así como la instauración de lo que en México llamaríamos una guarurización de la vida social, fue básica desde 2002 en el proyecto del presidente colombiano Álvaro Uribe, y aunque años después éste buscó desarmar a los grupos paramilitares más poderosos que se habían asumido como un poder dentro del Estado, vinculándose al crimen organizado, controlando a amplios sectores de la vida social y desafiando su autoridad, y les ofreció una amnistía, la mayor parte de éstos han conservado en 2009 sus armas y su fuerza organizativa y Colombia sigue adentrándose en un proceso de abierta descomposición a consecuencia de una decisión política de Estado de carácter criminal y de la cual el grupo gobernante no pudo vislumbrar las consecuencias que iba a traer.
7. Un gobierno, aunque sea ilegítimo, como el panista de Felipe Calderón, que abdicó de sus responsabilidades en materia de seguridad pública y las delegó en el Ejército, que es una fuerza institucional que no está facultada en la Constitución para ello, en los asesores militares estadunidenses que ha tolerado trabajen en territorio nacional y en los cuerpos paramilitares que ha ido preparando para servir a intereses facciosos y amedrentar a las organizaciones sociales, está destruyendo el Estado nacional y atentando criminalmente contra el pueblo.
8. La violencia que se ha generado en el país en los tres últimos años es responsabilidad fundamental de Felipe Calderón, quien ha violado gravemente la Constitución en su afán de supervivencia política y tendrá que enfrentar en el futuro inmediato, como Zedillo y muchos otros gobernantes mexicanos, la responsabilidad penal por las acciones ilícitas tanto de las fuerzas armadas como de los grupos de carácter paramilitar que existen en el territorio nacional. Los atentados contra Armando Chavarría, presidente del Congreso de Guerrero, ultimado el 20 de agosto, y contra Maximiano Barbosa, líder de El Barzón, herido de gravedad el miércoles 26, han sido atribuidos por algunos analistas al gobierno, precisamente porque existen muchos motivos por los que los panistas quisieran silenciarlos, y éstos son los responsables de la violencia incontrolable.
9. En un escenario nacional donde el Ejército de-sarma policías y arma paramilitares, y más de una tercera parte de sus fuerzas se ha pasado al crimen organizado, ¿quiénes pueden ser los responsables de la violencia encubierta?
10. La lucha por que se haga justicia en Acteal es también, por consiguiente, fundamental para poner un alto a la violencia de Estado en México.
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