"Las audiencias de la SCJN deben ser públicas, lo sabemos. Pero en las sesiones de este debate se llenó el salón de plenos con policías disfrazados de civiles, burócratas y personal del gobierno del estado de México. Ese
llenode la sala impidió el paso a Bárbara Zamora, Santos García y Humberto Oseguera, por ejemplo, que desde agosto de 2006 fueron los abogados promoventes de la facultad de investigación a que se refiere el artículo 97 constitucional; tampoco se dejó entrar a la mayoría de los comuneros de San Salvador Atenco, sólo a cinco representantes. Fue notorio que el edificio de la Corte estuvo rodeado de soldados y policías que portaban armas de alto poder y que se emplazaron francotiradores enmascarados en azoteas de los alrededores. Quizás este despliegue de fuerzas militares y policiacas no era una autodefensa de la SCJN ante los machetes emblemáticos de los campesinos de Atenco, sino una réplica y un recuerdo intencional del operativo infamante del 3 de mayo de 2006. O podríamos considerarlo un aviso simbólico de que las manifestaciones de inconformidad social comenzarán a ser criminalizadas."
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