Imputa juez a Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, el delito de secuestro y retención de funcionarios; dicha sentencia no está relacionada con los enfrentamientos de mayo de 2006
Eduardo Alonso/ Corresponsal
El Universal
Toluca, Edomex
Sábado 05 de mayo de 2007
La sentencia que impuso la justicia mexiquense les fue comunicada ayer a los tres líderes del FPDT a las 23:00 horas, informó hoy por la mañana José Castillo Ambriz, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, quien precisó que fue por el delito de secuestro y retención de un funcionario público de la Secretaria General de Gobierno y cinco de la Secretaria de Educación, cometidos en el mes de abril y febrero, respectivamente.
El presidente del Tribunal aclaró que dicha sentencia no está relacionada con los enfrentamientos del pasado 3 y 4 de mayo del 2006, sucedidos en Texcoco y San Salvador Atenco, sino con dos averiguaciones previas que estaban pendientes en contra de los líderes de Atenco, por ilícitos antes mencionados.
Cabe señalar que el juez Blas Hernández, determinó juntar las acusaciones de secuestro y retención –por tratarse de las mismas personas-- y ofreció una sentencia acumulada, considerando para cada una de las acusaciones una condena de 33 años ocho meses, que acumuladas suman 67 años seis meses.
En este sentido, Castillo Ambriz aseguró que “el juez analizó de forma minuciosa las pruebas de una ministerio público y otra parte –abogados de los líderes-- presentaron” y determinó, otorgar esa sanción. La cual, catalogó como la más baja, ya que pese a que son acusados de secuestro, el juez Blas Hernández, recordó el presidente del Tribunal, consideró que dichas personas no son peligrosas, por lo que no aplicó la pena máxima que es de hasta 60 años de cárcel pro este tipo de delito.
Cabe señalar que los abogados de los líderes de San Salvador Atenco tienen cinco días para apelar. Aún pesan sobre Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, dos procesos jurídicos más, en el juzgado segundo con sede en Almoloya de Juárez, por los delitos de secuestro equiparado y ataques a vías de comunicación, relacionados con los hechos violentos de Texcoco y san Salvador Atenco.
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