Censura y mentira
Javier Corral Jurado
22 de mayo de 2007

Esta semana entra en su etapa definitoria la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa, el asunto quizá más importante que en su última época ha recibido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo conciben varios ministros, y el propio presidente del máximo tribunal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, lo calificó como un tema de "alto impacto". Por ello modificaron su forma de trabajo, se reservaron para el estudio del proyecto toda una semana, convocaron a peritos en la materia, recibieron en audiencia a los que están a favor y a los que estamos en contra y, sin duda lo más relevante, dieron nuevo impulso a la transparencia cuando entregaron a las partes no sólo el problemario, sino el mismísimo proyecto y luego determinaron su publicación en internet.

Al concretar ese acto frente a los poderosos intereses de las dos empresas dominantes de la televisión, la Corte decidió jugar el riesgo mayor de toda apertura, que es la multiplicación de las presiones, el incremento del cabildeo e incluso las campañas intimidatorias. A ese riego hoy patente le sobreviene también una robustez a su prestigio, a su modernidad.

El país se enteró fundamentalmente por los medios impresos y contadas excepciones por los electrónicos -sobre todo por la radio- de las importantes consideraciones que el ministro Aguirre plantea para declarar inválidos varios artículos de esas reformas legales ominosas. Pero las dos televisoras censuraron de sus espacios informativos el mayor proceso de apertura que ha tenido la Corte hasta nuestros días, y negaron a sus auditorios el derecho de saber qué propuestas hace el ministro ponente a sus colegas y bajo qué argumentos plantea declarar inconstitucional los preceptos impugnados.

Sólo cuando vino la primera definición del pleno de la Corte sobre la inconstitucionalidad de la atribución del Senado para objetar los nombramientos que el Presidente de la República haga en órganos desconcentrados -el caso de la Comisión Federal de Competencia y el de la Comisión Federal de Telecomunicaciones-, Televisa interrumpió el silencio y optó como siempre por utilizar la pantalla de la tv concesionada por el Estado para defender sus negocios y tratar de intimidar a sus críticos. Editorializó en voz de Joaquín López Dóriga, el viernes 11 de mayo: "Este fallo de la Corte es una vuelta al pasado, va en sentido opuesto al cambio democrático para establecer contrapesos al Poder Ejecutivo y viene a romper el equilibrio entre poderes al fortalecer el presidencialismo que se decía superado".

Sin embargo, consciente del efecto contraproducente de esa estrategia, Televisa encargó a TV Azteca lo que le es consustancial a su forma de operar la tv en México: el trabajo sucio. Decidida a ser colera de la empresa dominante y no su competencia, la televisora del Ajusco llevó a cabo la campaña de intimidación, mentiras y calumnias. Falsificó los contenidos de las reformas adjudicándoles atributos que no tiene, como insistir una y otra vez que la ley Televisa establece un órgano regulador autónomo, y distorsionó el proyecto de sentencia de una manera inescrupulosa, como sólo ellos saben hacerlo.

Una legislación que se defiende con base en la intimidación, que censura los dichos de un ministro de la Corte y que ataca a sus impugnadores a través de la mentira no puede ser moderna ni democrática. En esa burda manipulación informativa que trata de comparar un posible fallo adverso de la Corte a la matanza de Tlatelolco en 1968, en la magnificación de las consecuencias de echar abajo el 28 de la Ley de Radio y TV, y en la recurrencia a la distorsión y la falacia de lo que realmente significan esas reformas están perfectamente acreditados los nocivos y abusivos efectos de la concentración del espectro en dos familias.

De manera vigorosa y como prueba sobreviviente al proceso que se inició hace más de un año y que está por culminar, o como simple botón de muestra, las televisoras rubrican con su actuar lo que el ministro Aguirre Anguiano escribe en la página 496 de su ponencia cuando les propone a sus compañeros declarar inconstitucional el artículo 28:

"En efecto, la disposición en análisis propicia la concentración, en manos de los concesionarios de la radiodifusión, de los servicios de telecomunicaciones, lo que se contrapone a un régimen que asegure una efectiva pluralidad de concesionarios que evite la formación de grupos de poder en una actividad que tiene una influencia decisiva en la sociedad, pues debe tomarse en cuenta que es un hecho notorio que los actuales concesionarios de servicios de radiodifusión tienen un poder sustancial en el mercado de la radio y tv abiertas, por lo que el otorgamiento de mayores privilegios para la obtención de concesiones en materia de telecomunicaciones implicará la traslación de su posición preponderante en su mercado al segmento de los servicios de telecomunicaciones, provocándose así que las actividades tanto de radiodifusión como de servicios adicionales de telecomunicaciones se concentren en unos cuantos agentes económicos, en lugar de que se abran a la competencia y se logre una mayor diversidad y pluralidad tanto en los medios masivos de comunicación como en telecomunicaciones".

Profesor de la FCPyS de la UNAM