Raymundo Riva Palacio
16 de abril de 2007
Intereses oscuros a favor del Grupo México llevaron al gobierno foxista al límite de la legalidad con el sindicato de los mineros
La historia detrás de lo que está sucediendo en el interior del sindicato minero poco tiene que ver con la vida sindical. Atrás de las maniobras ilegales de altos personeros de la administración foxista para destituir y reemplazar liderazgos sindicales, se oculta la lucha entre dos magnates de la minería que utilizaron como peones de ajedrez a Napoleón Gómez Urrutia y a Elías Morales, la colusión de varios miembros del gabinete de Vicente Fox con uno de ellos, el pánico de su ex superasesor Ramón Muñoz de que la desgracia en la mina de Pasta de Conchos -que sucedió en el contexto de esa lucha- fuera utilizada electoralmente por Andrés Manuel López Obrador, y el choque de agendas personales dentro de un equipo de gobierno donde el ex presidente había perdido el control. ¿Confundido?
El episodio de la restitución de Gómez Urrutia al frente del sindicato minero comienza con una estrategia empresarial que nada tenía que ver con él. En la segunda parte de 2005, Germán Larrea, accionista más poderoso del Grupo México, decidió buscar la compra de Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso y Jorge Ancira, nada transparentes al igual que Larrea, y el segundo de los hermanos prófugo de la justicia. El problema de Larrea era que sus últimas operaciones, particularmente en Sudamérica, habían sido cuestionadas por la poca transparencia de sus actos y resultado muy onerosas, por lo que una nueva compra, ante sus eventuales futuros financiadores, tendría que ser muy bien explicada y debidamente justificada. En esa ruta estratégica, Gómez Urrutia era un estorbo.
Cuando los Ancira se dieron cuenta de los intereses de Larrea, pusieron en movimiento a Gómez Urrutia. No les costó mucho trabajo. No sólo el dirigente de los mineros era muy cercano a Jorge Larrea, sino que su hijo, Alejandro Gómez Casso, quien como el padre se encuentra en Canadá por el presunto fraude de 55 millones de dólares, era empleado de AHMSA. Gómez Urrutia, que nunca fue minero, había sido reconocido como líder de los mineros por el primer secretario de Trabajo foxista, Carlos Abascal, en un trabajo jurídico que realizó su entonces subsecretario, Fernando Franco, a quien hizo posteriormente magistrado de la Suprema Corte.
Pese a las denuncias de los mineros contra Gómez Urrutia, Abascal lo apoyó. Podría ser coincidencia que en el lapso del respaldo, tras torcer la ley, el sindicato minero, históricamente combativo -de hecho, es uno de los pies de crianza de esta nación-, aceptara sin mayores problemas las privatizaciones en la industria. Pero el interés de Larrea en AHMSA y en encontrar un dirigente sindical que le diera, precisamente, las reformas al contrato colectivo para hacer viable y factible la operación, agotaron la vida sindical de Gómez Urrutia a ojos del gobierno foxista. Larrea venía primero.
A principios de febrero, en una acción que se mantuvo en secreto hasta muy recientemente, la Secretaría del Trabajo, para entonces al encargo de Francisco Salazar, un títere de Abascal -ya nombrado secretario de Gobernación-, que tenía como subsecretario a una figura central en este episodio, Emilio Gómez Vives, gente muy cercana a Larrea, hicieron la toma de nota del nuevo líder minero, Elías Morales, lo que significaba la destitución legal de Gómez Urrutia. Todo se hubiera podido consumar con una adquisición hostil de AHMSA, salvo que el día 19 se dio la explosión en Pasta de Conchos, una mina operada por el Grupo México, que hizo quedar atrás los intentos de compra. Los secretarios de Gobernación y del Trabajo se toparon con una situación de vulnerabilidad y altamente delicada. Incluso, días después de la tragedia, Salazar reconocía públicamente a Gómez Urrutia como líder, aunque en realidad ya habían falsificado firmas para destituirlo días atrás.
Pasta de Conchos tenía conmocionado al país cuando el superasesor de Fox, Ramón Muñoz, recibió en Los Pinos al consultor político Dick Morris, quien al ilustrarle el problema político que les representaba la pasividad en plena campaña presidencial, le pidió que pensara qué sucedería "si al día siguiente llegara López Obrador a Pasta de Conchos a rascar la tierra con sus propias manos" sumándose al rescate. Muñoz no lo pensó mucho. Lo que se vino fue una acción muy violenta contra Gómez Urrutia, presionando por todos lados para que actuaran en contra del líder, llegando el ex presidente a solicitarle al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, estado donde se encontraba la mina y la sede del dirigente sindical, que lo arrestara. Muñoz no sabía lo que se traían entre manos Abascal y Salazar, y no se sabe si Fox estaba enterado. Sin embargo, un alto funcionario del gobierno calderonista estima altamente improbable que el ex presidente no estuviera al tanto.
Las secciones sindicales leales a Gómez Urrutia reaccionaron con violencia cuando el gobierno foxista los embistió. Cuando uno de sus lugartenientes, Juan Linares Montúfar fue detenido en el aeropuerto -y liberado después por deficiencias en el procedimiento-, lanzaron acusaciones contra Abascal de que los había traicionado al haber incumplido su promesa de no aprehender a ninguno de los mineros acusados de fraude, asociación delictuosa y lavado de dinero, además de restituir a su líder, a cambio de levantar el paro en la planta de Sicartsa, en Michoacán. Lo que no sabían era que la virulencia contra el dirigente prófugo no había sido ordenada por Abascal, sino por Muñoz, aunque en efecto, las extrañas relaciones de los secretarios de Gobernación y del Trabajo con Larrea en su intento de compra de AHMSA habían dado pie a la defenestración de Gómez Urrutia.
Este episodio que nació de la protección a un empresario y la lucha de otro por el control de mineras, que dejó muertos en el camino y trastocó por completo la vida sindical, hoy ha saltado a otro nuevo estadio. ¿Qué va a hacer el gobierno de Felipe Calderón? El secretario del Trabajo, Javier Lozano, dice que serán los sindicalistas quienes decidirán a quién desean como líder. Bien, pero insuficiente. Abascal, Salazar, Franco y Gómez Vives, por mencionar a cuatro personajes importantes, tienen mucho que explicar no ante la opinión pública sola, sino ante las autoridades. Desde septiembre pasado, el entonces procurador Daniel Cabeza de Vaca, hoy asesor jurídico en Los Pinos, encontró los peritajes de las firmas falsificadas para dar la toma de nota a Elías Morales. No se actuó: Abascal y Salazar eran miembros del gabinete. ¿El presidente Fox? Él calló. Es inverosímil que tanto se jugara frente a sus ojos sin que supiera o se diera cuenta. Desde el 12 de febrero pasado, la Secretaría de la Función Pública inició auditorías en la Secretaría del Trabajo sobre este caso. Nadie lo dice abiertamente en el gobierno, pero quieren ir judicialmente en contra de los funcionarios responsables de las ilegalidades. Y al menos un secretario foxista está en la mira.
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