Los criminales

"La Agencia para la Lucha contra las Drogas, conocida por su acrónimo DEA, afirma en una acusación ante una corte texana que el Cártel del Golfo y Los Zetas buscaron comprar la protección de políticos tamaulipecos, que incluyó financiamientos a campañas electorales.

Según las DEA, con la elección de Tomás Yarrington como gobernador de Tamaulipas -en 1999- comenzó el pago de “grandes cantidades de ganancias de la droga” de los grupos delictivos a las autoridades estatales a cambio de influencia política. Yarrington no ha querido comentar nada sobre este tema.

De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte para el Distrito Oeste de Texas contra Antonio Peña Argüelles, presunto lavador de dinero de la organización delictiva capturado la semana pasada, una fuente confidencial identificada como “CS-2”, relata cómo este personaje comenzó a recibir el dinero a nombre del jefe del cártel, Osiel Cárdenas Guillén, hoy preso en Estados Unidos."
En 24horas.

Arranques de su derrota

"El gobernante que considere que no se debe combatir a los criminales, que no sea gobernante [...], ¿Qué querían que hiciera? ¿Qué los saludara?, ¿qué los invitara a pasar?, ¿qué los saludara? ¿qué les llevara un café? o ¿qué?"
Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Ilegítimo de México.

Marcha de la lealtad

Yarrington Post

"U.S. drug agents have evidence that cartel leaders paid millions to a Mexican border state governor and other figures in Mexico’s former ruling party in exchange for political influence, according to a court filing in Texas.

Confidential informants told Drug Enforcement Administration investigators that leaders of the Zetas and Gulf cartels made payments to Institutional Revolutionary Party members including Tomas Yarrington, who served as governor of Tamaulipas state in 1999-2004, according to the complaint filed in U.S. District Court in San Antonio, Texas."
En The Washington Post.

El 60 mil muertes

Anonymous: Tango down

"El grupo de activistas cibernéticos Anonymous se atribuyó el ataque que durante varias horas inhabilitó el sitio web de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés). La página quedó fuera de servicio alrededor de las dos de la tarde, hora de México, y la noticia fue difundida a través una de las cuentas de Twitter @UouAnonNews.

“CIA TANGO DOWN: https://www.cia.gov/ #Anonymous”, escribió el usuario de la mencionada cuenta. “Tango down” es una expresión utilizada por las fuerzas especiales de Estados Unidos cuando han eliminado a un enemigo."
En Proceso.

Anonymous

"El gobierno mexicano cree que Anonymous es idiota, o que la gente también lo es. Pero no lo vamos a permitir. Esta es una advertencia a Felipe Calderón y su séquito de zánganos para que no traten de llevar a cabo esta guerra sucia, porque nosotros somos el principal troll de Internet y sabemos perfectamente cómo contrarrestar sus artimañas, aunque ustedes tengan el poder y tengan la infraestructura para crear cuentas falsas, bots, tuiteros a sueldo y publicaciones basura como las arriba mencionadas y sabemos que ustedes creen que el pueblo es estúpido, gracias a sus medios de comunicación enajenantes. Anonymous no puede permanecer, ni permanecerá impasible ante su descarada manipulación. El gobierno mexicano se ha declarado enemigo de su propio pueblo y Anonymous siempre apoyará al pueblo."

Crónica de una derrota anunciada

"El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, advirtió que en las actuales circunstancias que vive el país es menester reconocer que es la seguridad interior la que hoy se encuentra seriamente amenazada, ya que la interferencia de la delincuencia organizada en la seguridad y desarrollo de todos nos está generando intrincados momentos. El militar reconoció que el crimen organizado es un grave fenómeno delictivo de dimensión cultural, sociológica y trasnacional.

Orador único en la ceremonia por el 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad, que se realizó en el Castillo de Chapultepec, el divisionario señaló que en algunas regiones del país la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado, despojando a la población de sus bienes y tranquilidad y generando un clima de violencia inusitado. Ante esas circunstancias, dijo, es evidente que en aquéllas latitudes del territorio nacional el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado."
En La Jornada.

Los criminales

"Durante su gestión como Gobernador de Tamaulipas y todavía años después, Tomás Yarrington recibió millones de dólares tanto del Cártel del Golfo como de Los Zetas a cambio de protección para sus operaciones criminales, según consta en acusaciones de la DEA ante una corte de Texas.

De acuerdo con estos documentos, el intermediario de Yarrington con los jefes del narco era Antonio Peña Argüelles, detenido el miércoles en San Antonio, Texas, por lavado de dinero.

En la acusación presentada por la DEA ante la corte para el Distrito Oeste de Texas contra Peña, obtenida por Grupo REFORMA, se incluyen declaraciones de cuatro testigos protegidos que detallan, cada uno por separado, diferentes momentos de la presunta relación del acusado con Yarrington, quien gobernó Tamaulipas del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2004."
En Terra, vía Reforma.

Josefina: una mentirosa de vez en cuando

Denise Dresser: El oscuro pasado de Josefina Vázquez Mota

"Al enterarme hoy de la victoria de Josefina Vázquez Mota en la primaria del PAN, no pude evitar un recuerdo que me persigue, que me resulta difícil olvidar, que permea toda mi percepción sobre ella, y es su participación en la aprobación de la vergonzosa Ley Televisa. El punto de quiebre en la campaña del 2006 cuando Felipe Calderón decidió apoyar esa iniciativa y dio instrucciones a la bancada del PAN en el Senado en ese sentido."

México en guerra

Netzaí Sandoval Ballesteros

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El 25 de noviembre de 2011, más de 23 mil personas presentamos información al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la existencia en México de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, con la petición de analizar las dimensiones de esta violencia.

Los detractores de dicho esfuerzo se han concentrado en atacar la viabilidad de la petición sin poder rebatir el fondo de la denuncia. Es decir, aceptan que el Ejército viola mujeres y niñas; que practica la tortura en bases militares; que es responsable de desapariciones forzadas, de asesinatos de niños, jóvenes y civiles ajenos al conflicto; que autoridades migratorias participan en el secuestro de personas centroamericanas; que el narco ataca a civiles, hospitales, ambulancias e iglesias y recluta niños. Todo en un clima de absoluta impunidad.

El argumento central de quienes descalifican la solicitud es que en México no existe un “conflicto armado” en sentido estricto, aunque para juzgar crímenes de lesa humanidad es irrelevante la existencia de tal conflicto. Sin embargo, analicemos el argumento por lo que hace a los crímenes de guerra.

Para que intervenga la CPI no se necesita que los narcotraficantes busquen poder político ni que se les haya declarado “parte beligerante”. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia determinó claramente, en el caso Limaj, que las motivaciones de los grupos que participan en conflictos no internacionales son irrelevantes para determinar si es aplicable el derecho penal internacional (ICTY, Prosecutor v. Limaj).

El mismo tribunal ha venido desarrollando una clara jurisprudencia sobre los conflictos armados internos. Para que una corte internacional reconozca su existencia, es preciso analizar particularmente la intensidad de la violencia y la organización de los grupos que toman parte en las hostilidades.

La intensidad se determina por: 1) la duración del conflicto, 2) el tipo de armas usadas, 3) el empleo de fuerzas militares, y 4) el desplazamiento de civiles (ver ICTY, Prosecutor v. Tadic, Judgment [Trial Chamber]; Prosecutor v. Boskoski).

La violencia en México tiene por lo menos cinco años en alta intensidad. Hasta septiembre de 2011, el gobierno reconoció 47 mil 515 homicidios relacionados con el conflicto, en tanto que el semanario Zeta de Tijuana ha señalado que la cifra asciende ya a 60 mil 420 ejecuciones.

En el país se observa el uso cotidiano de armas como las R-15 y AK-47, ametralladoras calibre 7.62 mm., explosivos C-4, cohetes antitanque M72 y AT-4, lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL calibre 37 mm., granadas de 37 y 40 mm., además de fusiles Barret calibre .50 y armas con capacidad para disparar municiones calibre 5.7 x 28, capaces de penetrar distintos tipos de blindajes. Incluso se ha detectado el uso de minas antipersonales. Se trata de algunas de las armas más utilizadas en conflictos armados y prohibidas por tratados internacionales.

La jurisprudencia también toma en cuenta el uso del Ejército en lugar de las fuerzas policiacas para combatir a los grupos armados, y en territorio mexicano hay desplegados alrededor de 50 mil soldados.

Finalmente, se deben evaluar los desplazamientos de civiles, los cuales, conforme a datos recientes de Parametría, llegan a la alarmante cifra de 1.6 millones.

Sobre la organización de los cárteles de la droga, se puede señalar que tienen estructuras claramente jerarquizadas, con líneas de mando, y que operan a escala internacional. Los cárteles de la droga en México son considerados grupos formalmente organizados por la base de datos UCDP de la Universidad de Uppsala, en Suecia.

En consecuencia, la crisis por la que pasa nuestro país cumple con todos los requisitos para que se le considere un conflicto armado conforme a la jurisprudencia internacional.

El mundo ya reconoce que México vive en guerra. El Barómetro de Conflictos de la Universidad de Heidelberg considera que nuestro país vive una guerra sólo comparable con las de Afganistán, Somalia, Irak, Pakistán y Sudán.

Human Rights Watch documentó en su Informe Mundial 2012 que los abusos “generalizados” por parte del Ejército Mexicano, como la tortura para obtener confesiones, quedan impunes. Es precisamente el carácter generalizado de los crímenes lo que permite la intervención de la CPI, conforme a los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma.

Incluso el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados señaló a finales de 2011 que la situación en México “constituye un conflicto armado interno” de acuerdo con los estándares del derecho internacional (México: Desplazamiento debido a violencia criminal y comunal).

La crisis humanitaria que vivimos resulta alarmante y deben tomarse medidas para detenerla de inmediato. La impunidad precipitará la intervención de la CPI, pues sólo el 0.7% de los militares señalados por violaciones a derechos humanos han sido condenados.

En cuanto a Ciudad Juárez, se han contabilizado 6 mil asesinatos realizados con rifles AK-47 que no han sido investigados por nadie. Mientras la Procuraduría General de la República argumenta que son delitos del fuero común, la fiscalía local señala que las armas son de uso exclusivo del Ejército. Estas discusiones podrían resolverse fácilmente en virtud de que la PGR tiene facultades de atraer casos locales, en tanto que lo contrario no es posible.

Felipe Calderón tiene una enorme responsabilidad por esta crisis, y debe comenzar a asumirla. Es falaz argumentar –cuando ya se observa el fracaso de su guerra– que la intervención del Ejército se debe a solicitudes de gobiernos locales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció claramente que incluso si existe una petición de autoridades locales para que intervenga la Federación, corresponde a ésta valorar la situación y determinar si es el caso o no de usar la fuerza pública (Facultad de investigación 1/2007). El empleo de las Fuerzas Armadas fue una decisión totalmente unipersonal, sin control parlamentario, que implica también responsabilidades individuales.

Si de verdad se quiere evitar la intervención de tribunales internacionales, hay que tomar medidas de inmediato, como abrir investigaciones y atraer los casos por los crímenes generalizados que sufre la sociedad, detener y sancionar la tortura en cuarteles militares, cumplir con el compromiso de instituir protocolos en seguridad pública, poner en funcionamiento el registro inmediato de detenciones, garantizar la protección física y jurídica de las propiedades que abandonan los desplazados y proporcionarles apoyo para que se reintegren a la sociedad.

Al presidente le queda poco tiempo. Por el bien del país, ojalá intente evitar el proceso internacional que se cierne sobre él, con acciones responsables y no con nuevas amenazas.
En Proceso.