A más de 14 años de la atrocidad, las presuntas responsabilidades penales de los ex funcionarios referidos y de otros siguen sin ser aclaradas, y a la fecha no hay en México las condiciones para tal esclarecimiento: el pacto implícito de impunidades y complicidades que recorre los sexenios –sin importar que se trate de gobiernos priístas o panistas– ha impedido la impartición de justicia en casos tan añejos como la masacre del 2 de octubre de 1968, la guerra sucia emprendida por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (1970-1982) y los centenares de asesinatos políticos perpetrados durante el régimen de Carlos Salinas (1988-1994).
La administración calderonista hace un triste y lamentable papel con su petición a las autoridades judiciales de Estados Unidos de que reconozcan una inmunidad presidencial a todas luces improcedente –pues terminó, en todo caso, el 30 de noviembre de 2000– y comprueba, con ello, su pertenencia a ese vergonzoso acuerdo histórico de impunidad."
Editorial de La Jornada.
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