La legalización de la (dicta)dura

Es un principio capitalista: los tiempos de crisis son tiempos de grandes negocios. Y de imponer, bajo la sombra de la crisis, reformas que cancelen la libertad o el patrimonio del pueblo, sin que el pueblo se dé cuenta. El shock es el 'momento' para hacer grandes revelaciones dentro del sistema. En la turbulencia, lo que se diga será apagado por el alto impacto y desaparecerá en 'horas' de la opinión pública. Así, –piensan los dominadores– nadie se dará cuenta de lo que está detrás. El 'hecho' se convertirá en olvido, pero sobretodo, en "ley" que cancele la libertad y vuelva irreversible la dominación.

Hoy La Jornada da a conocer una información grave y determinante para lo que queda de México: en la reunión de Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional con Senadores de la República, hace un mes en el Senado, lo que pidió el Ejército Mexicano fue la legalización de una (dicta)dura:

"Un marco legal que permitiera al Ejército llevar a cabo intervenciones telefónicas y de Internet, la cancelación de actos públicos masivos, el cierre de calles y la posibilidad de retener hasta 48 horas a detenidos antes de entregarlos al Ministerio Público."

Es decir: legalizar lo que ya hicieron: Espionaje político masivo. El H1N1 que canceló las actividades públicas. Las obras del (des)quicio programado, y las (des)apariciones político sociales de los adversarios al régimen. Ya sin máscara, lo sabemos: instaurar una dicta(dura) fue el objetivo del 'guionista' que diseñó el fraude electoral del 2006. Y hacer valer –por la vía de la violencia– el principio de la Oligarquía: unos cuantos hombres dominarán a todos los hombres. A todas las empresas. A todas las escuelas. A todas las artes. A todo.