1. La crisis de Ciudad Juárez, generada por el homicidio de un grupo de estudiantes, perpetrado supuestamente por un grupo paramilitar el 31 de enero, y agudizada por las declaraciones injuriosas del Ejecutivo de facto calificando a las víctimas de integrantes de una banda, y más tarde por una serie de ofrecimientos propagandísticos que culminaron con los actos demagógicos del propio Felipe Calderón ayer en una Ciudad Juárez en estado de sitio, están desnudando cada vez más a la política de violencia institucionalizada del gobierno, que ya muy pocos dudan en calificar como una verdadera guerra contra el pueblo.
2. Los grupos ciudadanos de Juárez fueron contundentes tras los acontecimientos y recordaron desde el 2 de febrero, antes de exigir la renuncia de Calderón, que la violencia generalizada es consecuencia de las políticas del gobierno federal y de las acciones violentas del Ejército que han sido impuestas a esa entidad, y subrayaron que los grupos paramilitares o escuadrones de la muerte
son preparados y protegidos por las fuerzas armadas, y en este escenario aparecen nítidamente las políticas de Washington.
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