¿Existe aún un gobierno nacional en México, o la administración de facto de Felipe Calderón ha cedido ya todas las facultades esenciales del Estado a los poderes trasnacionales con la complicidad de la cúpula del PRI?
1. La crisis financiera y económica hace estragos en el país, pero no puede ocultar que el gobierno ilegítimo, lejos de atender las exigencias de los mexicanos, sigue sumiso a Washington, continuando el desmantelamiento del país y entregando el control del mismo a agentes estadunidenses.
2. La intervención de Hillary Clinton, la secretaria de Estado estadunidense, el miércoles 22 ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes quedará no como el testimonio de la voluntad de su gobierno de dar una supuesta ayuda técnica a su vecino –como Barack Obama ha pretendido presentar sus políticas injerencistas–, sino como uno de los discursos intervencionistas más denigrantes para nuestro país que se hayan pronunciado en décadas recientes. Para la señora Clinton, tareas sustantivas del Estado mexicano son ya responsabilidad del gobierno de Washington y van a cumplirlas, incluyendo la prerrogativa que informó se están arrogando de matar mexicanos
, como destacó Televisa en sus informativos del mismo día.
3. La secretaria de Estado Clinton afirmó ante los legisladores que en su viaje a México constató la incapacidad del gobierno de Calderón para enfrentar al crimen organizado, pues “el gobierno, las policías y el ejército están rebasados por los cárteles de las drogas”, por lo que demandó más recursos para esa lucha, asumiendo que el diseño de las políticas contra la delincuencia de México son responsabilidad de Estados Unidos al margen de la legalidad mexicana y que en los hechos la persecución de los delitos cometidos en territorio nacional es asunto suyo. “Tenemos que liberar a México”, dijo, y derrotar, desarmar y capturar a los dirigentes de los cárteles o “matarlos”, enfatizó (El Universal, 23/4/09).
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10.- La derechización que se vive en el país para ocultar la gravedad de la crisis es muy grave y no extraña, por lo mismo, que en una de las cuatro iniciativas de corte franquista llamadas de anticrimen
enviadas por Calderón al Congreso el pasado 22 de abril, pretenda que se le otorgue la facultad de poder declarar él solo –y al margen del artículo 29– la suspensión de hecho de las garantías constitucionales, olvidándose que ese desprecio a la sociedad es el que conlleva el propio fracaso histórico del proyecto entreguista.
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