Astillero

Julio Hernández López

Golpismo televisivo

La resolución judicial de ayer confirma que los máximos poderes electrónicos (Televisa, Televisión Azteca y Telmex, la Triple T) pretendieron doblegar el legítimo interés nacional mediante maniobras de presión y chantaje, realizadas en el contexto de las pasadas elecciones federales para imponer condiciones injustas en materia de concesiones televisivas y expansiones tecnológicas que pretendían gratuitas y automáticas.

El criterio expresado ayer por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación subraya y contrasta las aberraciones y abusos que fueron aprobados por las bancadas partidistas de San Lázaro y Xicoténcatl, convertida la mayoría de esa clase política legisladora en alcahueta que aprobó vergonzosos términos de claudicación patria a cambio de tiempo en pantalla propagandística para sus candidatos presidenciales supuestamente mudos, sordos y ciegos ante esas transacciones "necesarias" en sus campañas electorales. Triste papel de la mayoría de los perredistas que fueron, en general, los peores de todos, con Pablo Gómez como responsable histórico de una "omisión" imperdonable. Izquierdistas y "nacionalistas" mediocres y timoratos, consumidos sus arrebatos en apenas algunas declaraciones y actos simbólicos, cuyas pifias fueron combatidas por priístas como Manuel Bartlett y Dulce María Sauri, y muy en especial por el panista Javier Corral.

La resolución de ayer es, a la vez, una prueba más de que el proceso electoral de 2006 fue adulterado por intereses y acciones que pesaron en la balanza electoral mucho más que un presunto 0.56 por ciento de diferencia en votos. Las televisoras, pero sobre todo Televisa, se constituyeron en un poder con pretensiones dominantes y definitorias que arrollaron al IFE carente de ética y eficacia, a los candidatos arrinconados y al gobierno federal cómplice y rehén al mismo tiempo. Televisoras que han establecido hasta la fecha una campaña de descalificación y ridiculización del candidato presidencial y de la franja social que estuvieron, según las inventadas cifras oficiales, a un 0.56 por ciento de constituirse en poder legítimo. Televisa y Televisión Azteca mantienen una política de exclusión e irresponsabilidad sociales que quisieron cobrar con la llamada ley Televisa. La decisión judicial de ayer muestra que esos abusos desde el poder mediático pueden y deben ser combatidos y revertidos. De la corrección judicial debería pasarse a la revisión del sentido y el contenido sociales de las programaciones de esas televisoras jurídicamente golpistas (a cuenta de golpismos electorales), socialmente excluyentes, tristemente gobiernistas, que encubren sus negocios y excesos con banderas clonadas de libertades de prensa y de expresión. Si un poder acotado, presionado y dominado por corrientes conservadoras, como la Corte, se atrevió a poner un alto a los poderes televisivos desbordados, ¿cuándo la sociedad se decidirá a manifestarse activamente contra esos abusos, e incluso a castigarlos con la negativa a prender las pantallas golpistas y a dejar que sus comerciales y sus programas vanos y tendenciosos sean vistos sólo por sus patrocinadores?