Brad Will: un asesinato impune.

Los padres del documentalista Brad Will se dicen engañados por autoridades de Oaxaca

Les mataron un hijo y les entregan cortinas de humo

BLANCHE PETRICH

Los padres de Brad Will, el documentalista estadunidense muerto en Oaxaca el 27 de octubre, rechazan por "absurdas" las dos hipótesis que ha manejado la Procuraduría General de Justicia estatal, que apuntan hacia los manifestantes del movimiento popular como supuestos autores del asesinato: una, que Will fue "rematado" por quienes intentaron auxiliarlo camino a la Cruz Roja y otra, que recibió dos tiros a quemarropa, a un metro de distancia. Estas dos líneas, privilegiadas por la procuradora oaxaqueña, evitan responsabilizar a los funcionarios priístas que dispararon contra los manifestantes en el enfrentamiento en la localidad de Santa Lucía del Camino, donde hubo tres muertos, uno de ellos el estadunidense.

Kathy y Howard Will viajaron a México para demandar información sobre la investigación del caso. Aseguran que hace cuatro meses, tras el asesinato de su hijo, periodista de la agencia Indymedia, creyeron en la palabra de las autoridades mexicanas, que prometieron aclarar el asesinato y hacer justicia. "Fuimos ingenuos. Hemos visto cómo, en los meses que transcurrieron desde entonces, los supuestos investigadores han desviado la averiguación, han creado cortinas de humo y no han hecho ningún esfuerzo serio por resolver el caso".

A instancias del cónsul en Oaxaca, Mark Leyes, y la embajada estadunidense, la procuradora de Justicia de Oaxaca, Lizbeth Caña Cadeza, envió a los padres del periodista asesinado un documento electrónico, un texto de casi 350 cuartillas y una veintena de fotografías. Los Will tradujeron el expediente, pero al examinarlo, con apoyo de expertos criminalistas, descubrieron que era un documento sin información útil, inconsistente, plagado de lagunas y errores y con el objetivo de manipular la investigación.

"Contra las evidencias, la procuradora sigue insistiendo en que Brad fue asesinado por miembros de la APPO." Efectivamente, el médico forense de la procuraduría estatal, Luis Mendoza Canseco, sostuvo en entrevistas periodísticas que los disparos contra Will fueron hechos a menos de dos metros y con un intervalo menor a 15 minutos. Es decir, que quien disparó estaba a su lado, entre la gente de la APPO, y no enfrente, entre los cinco o seis funcionarios del ayuntamiento que fueron captados e identificados por los fotógrafos que ahí estaban, atacando a los manifestantes con armas largas.

Esta versión contradice las primeras conclusiones de la investigación y de la necropsia, que hablaban de tiros a una distancia entre 30 y 35 metros con armas -quizá una sola- calibre nueve milímetros.

Criminalistas estadunidenses han estudiado dos videos del momento de la muerte de Will. Uno de él mismo y otro de un colega situado a pocos metros. Otras fotografías de periodistas, como las de Javier Otola, de Excélsior, demuestran que recibió dos balazos: uno debajo del esternón y otro en el costado derecho, que entró en sedal, provocando una quemadura. Por tanto, es falso, como se quiso hacer creer que en el trayecto al hospital le hayan hecho un segundo disparo.

"Esto contradice las dos hipótesis de la procuradora Caña", afirma el padre. La madre agrega: "Ahora entendemos que sólo fueron cortinas de humo para desviar la investigación. Y lo que más nos enoja es que se ha pretendido enlodar a la gente que estuvo a su alrededor, intentando socorrerle. Para él, para los otros que no lo dejaron morir solo, tenemos palabras de gratitud".

Cuando la familia Will recibió el informe parcial, que no contiene siquiera los peritajes forense y de balística, "entendimos que, si la averiguación oficial seguía por esa vía, nunca íbamos a saber quién mató a nuestro hijo". Desde esa fecha hasta ahora, desconocen algún avance en la pesquisa. Se preguntan: "¿Es así la justicia mexicana?"

Cuestionan la falta de investigaciones a fondo en torno de los sospechosos plenamente identificados, esto es, los cinco funcionarios de Santa Lucía del Camino que fueron fotografiados en el lugar del enfrentamiento, disparando a los integrantes de la APPO. Dos de ellos, el regidor Abel Santiago Zárate y Orlando Manuel Aguilar, jefe de escoltas del alcalde de Santa Lucía, fueron detenidos dos días después, pero luego liberados por supuesto "desvanecimiento de pruebas". Kathy Will, maestra de profesión, se pregunta: "¿Qué pruebas se desvanecieron, si no reunieron ninguna, si no los investigaron?"

Sin la confianza inicial, indignados por lo que consideran evidentes y "ridículas" muestras de negligencia y engaño en las acciones de las autoridades oaxaqueñas responsables de la averiguación previa 162-2006, el matrimonio Will y sus hijos Craig y Christy, hermanos del periodista caído, iniciarán este martes una gira por Oaxaca para exigir una investigación seria de los hechos en la barricada de Cal y Canto, en un ataque donde también cayeron dos oaxaqueños, el profesor Emilio Alonso Fabián y el comunero Esteba Ruiz.